Abuso, hostigamiento y acoso sexual de profesores, lo que más denuncian universitarias

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Foto: César Martínez López

Cimacnoticias/Gema Villela Valenzuela

NACIONAL

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco de ocho universidades públicas de la Ciudad de México, no cuentan con un protocolo para atender casos de violencia de género, ni con estadísticas de los casos, lo que afecta el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito educativo y su acceso a la justicia, señaló la activista del Movimiento estudiantil contra el acoso en la Universidad Nacional Autónoma de México, Adina Barrera Hernández.

La también alumna de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, realizó solicitudes de información al Instituto Politécnico Nacional (IPN); a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH); a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); a la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh); a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y a la misma UNAM, para conocer el número de denuncias de violencia de género, acciones de prevención y si tienen algún protocolo de atención y sanción de esta violencia.

En las respuestas de las solicitudes- proporcionadas por la activista a esta agencia- las universidades demostraron que no cuentan con un protocolo propio para prevenir, atender y sancionar las denuncias de violencia de género, universidades como la UPN indicó que aplica el “Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual” del Instituto Nacional de las Mujeres y en el resto se le da seguimiento a través de instancias universitarias administrativas.

En el caso de la ENAH, algunas denuncias de estudiantes llegaron a un enlace interinstitucional, porque solicitaron patrullaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como medida cautelar. Pero en otros casos se solucionó a través de mediación o no se le da seguimiento.

La UNAM es la única que en este año presentó su “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género”, lo que se considera un avance al Movimiento estudiantil contra el acoso de la misma universidad, pero de acuerdo a Adina Barrera Hernández, éste limita y violenta las garantías de las víctimas de violencia en el acceso a la justicia con “la firma de confidencialidad” que se les pedirá a las denunciantes y a los agresores.

Además contemplan la mediación como una forma de resolver las denuncias, cuando ésta es prohibida para atender cualquier tipo de violencia de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y convenciones internacionales en la materia.

En el análisis que hizo Adina Barrera Hernández de las respuestas a sus solicitudes destaca que las universidades no tienen un banco de datos de las denuncias y fueron generadas para dar una respuesta al mecanismo de transparencia y acceso a la información.

Adina Barrera Hernández añadió que las universidades siguen con la tendencia a ocultar la violencia porque tratan de proteger la imagen de la institución y no han visualizado que el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres también se tiene que garantizar en el ámbito educativo y por ello tienen que generar protocolos y mecanismos para prevenir y dar seguimiento a las denuncias.

Los casos presentados por las universidades a las que solicitó información son de alumnas que denunciaron a profesores por abuso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia física, violencia verbal y actos inmorales, también académicas que denunciaron a personal administrativo por violencia laboral.

Cabe destacar que ni la UACh ni la UAM respondieron la solicitud de información.

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