Callejón de La Musa

Una filtración hecha por una fuente oficial a un medio local reveló una supuesta declaración hecha por el velador Antonio Luna Hernández, en la cual éste habría admitido que asesinó a sus tres hijos en la finca que cuidaba en San Miguel de Allende el 14 de enero, donde se desató una balacera entre agentes de la Procuraduría de Justicia y supuestos sicarios, cuyas circunstancias no han sido aclaradas ni hubo un solo detenido.

Pasándose las reglas del Sistema Penal Acusatorio -que tanto presume- por el arco del triunfo, el gobernador Miguel Márquez asumió que “la confesión” (que no obra públicamente más que en la versión de un funcionario a un medio) exime a la Procuraduría de Justicia de lo que en la finca de Ampliación Cieneguita ocurrió la noche del 13 y las primeras horas del 14 de febrero.

“Yo se los dije desde un inicio, se los comentaba…yo sí les digo que allí queda muy claro que la Procuraduría actuó conforme a la ley y eso también tiene que quedar muy claro a la luz pública”, dijo Márquez.

Lo cierto es que a estas alturas, el único que cree a pie juntillas en que en esa misteriosa y nunca aclarada balacera los agentes ministeriales actuaron “conforme a la ley” es el gobernador.

La jugada puede tener varios rebotes, intencionados o no: la urgencia del gobierno estatal por “desinflar” este gravísimo caso; el pretexto perfecto para alegar violaciones al proceso y acelerar la liberación de Antonio Luna (ya no sabemos si le urge más al defensor o al propio gobernador ante las anomalías de los hechos) o darle a Márquez tregua para presentar su quinto informe sin sobresaltos porque “ya se supo”.

Al tiempo se verá si es cierto que la filtrada confesión es tal y es real.

Así se las gastan.

Verónica Espinosa

Periodista desde hace más de dos décadas en Guanajuato y la región del Bajío. Corresponsal del semanario Proceso. Integrante de la Red Nacional de Periodistas.

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