Callejón de La Musa

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Pies de barro y cabezas de avestruz.

Nuestra bancada guanajuatense en la Cámara Federal mostró de qué está hecha en la votación de la polémica Ley de seguridad interior.

Incapaces de dar la cara –para bien o para mal-  las y los diputados federales que nos representan en el Palacio de San Lázaro optaron, unos por disciplinarse como soldaditos a las instrucciones del voto duro; otros navegaron por las mansas y cálidas aguas del abstencionismo, y algunos más de plano escurrieron el bulto y ni se aparecieron por el salón de pleno durante la votación.

Una ley que de aprobarse por diputados y senadores dotará al Ejército mexicano –ahora sí como quien dice, con todas las de la ley- de las justificaciones suficientes para intervenir en protestas o silenciar información de operativos de diversa índole con el argumento de “asunto de seguridad nacional” por encima del derecho a la verdad, a saber y por encima de víctimas de violaciones a derechos humanos a manos del propio Ejército, resulta de la mayor importancia y ha sido una de las legislaciones más debatidas públicamente en la sociedad mexicana.

Organismos internacionales como la propia ONU advirtieron y siguen advirtiendo al gobierno mexicano, a las cámaras, sobre lo peligrosa que será esta ley para el estado democrático y de Derecho, si es aprobada. Retroceso en logros, transparencia del actuar de las corporaciones de seguridad y en garantías, han dicho.

Pero para los 19 integrantes de la bancada guanajuatense en San Lázaro, su obligación de representarnos y entrarle a la toma de decisión sobre esta normatividad resultó, parece, un peso demasiado grande para sus hombros pequeñitos.

Cómo no se les ocurrió pensar en que les tocaría afrontar ésa y otras responsabilidades cuando andaban pidiendo el voto, ¿eh?

Sin otra razón más válida (para ellos) que su disciplina y voto corporativo, le dieron el sí a esta ley los siete priistas de nuestra trémula bancada: Bárbara Botello, Yulma Rocha, Éricka Arroyo, Azul Etcheverry, Ricardo Ramírez Nieto, David Mercado Ruiz y alguien que se llama Timoteo Villa Ramírez, a quien en su casa lo conocen, porque su voz nada más no suena en la Cámara federal.

Hubo, sí, tres votos en contra, todos surgidos desde la fracturada diputación del Partido Acción Nacional. Rechazaron la ley los ex alcaldes de León y Pénjamo, Ricardo Sheffield Padilla y Erandi Bermúdez, así como la ex tesorera irapuatense Lorena Alfaro García.

Los incapaces de asumir una posición con su voto (se abstuvieron, se hicieron los distraídos, se pusieron a chatear y fingieron que no escucharon, se salieron al baño, se les olvidó para qué los elegimos y por qué cobran lo que cobran) fueron: Ariel Corona, Adriana Elizarrarás Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, René Mandujano Tinajero, Alejandra Reynoso Sánchez y Mayra Olivia Zapata.

Todos del PAN.

Los que sacaron el bulto, abiertamente y sin rubor alguno: Los panistas Miguel Salim Alle, Karina Padilla Ávila y Verónica Agundis. Dirán que no pudieron asistir, se les presentó un asunto urgentísimo de última hora, llegó tarde el vuelo, había un tráfico del demonio…

La ocasión pinta para que le vayamos tanteando, cada vez con  más sentido común, análisis, información y un poco de cinismo, sobre hacia dónde y hacia quién se habrá de orientar nuestra decisión ciudadana en el 2018.

Porque si nuestros representantes son incapaces, débiles, pusilánimes al momento de decidir a nombre nuestro sobre asuntos de vital importancia como esta ley, ¿para qué los queremos?

 

Periodista en Guanajuato y la región del Bajío. Corresponsal del semanario Proceso. Integrante de la Red Nacional de Periodistas.

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