El extraño caso del extraño censo de Morena

En materia de política pública, cuando las buenas intenciones se traducen en decisiones sin diagnósticos apropiados, sin procesos de planeación rigurosa y, más aún, cuando se llevan a cabo por fuera del marco legal, terminan en rotundos fracasos, no solo por la viabilidad técnica de los proyectos, sino en términos de legitimidad democrática.

En ese rumbo parecen marchar las estrategias de inclusión de jóvenes y de bienestar social anunciados por el presidente electo y por su equipo de transición. Al respecto hay que reiterar que sin duda es loable y que debe reconocerse el interés prioritario que pone un líder político en generar una estrategia de inclusión educativa y laboral para los jóvenes.

A pesar de lo anterior, si ese y otros programas se implementan con prisa y sin la planeación suficiente, se cometerán errores que llevarán a la pérdida de tiempo y de recursos.

Lo anterior es relevante porque, para el diseño de lo que hasta ahora el equipo de transición ha denominado como “Jóvenes construyendo el futuro”, pero también para la nueva estrategia de generación de bienestar, se ha propuesto llevar a cabo un “censo”. Sobre ese tema escribí el pasado 20 de septiembre en el periódico La Crónica¿Quién va a levantar los censos… y con qué recursos?, señalando algunas de las problemáticas asociadas a una idea como esa.

Esta semana llegó a mis manos un conjunto de formatos que, al parecer, es el que se piensa utilizar para llevar a cabo los citados censos. Estos documentos confirmarían dos cosas: primero, lo peligroso de que sea la estructura partidista de Morena la que recabe información censal de la población; y segundo, que aun cuando los censos llegasen a buen término, no podrán ser utilizados para la construcción de ningún programa. Porque por mandato constitucional y legal, los programas públicos deben ser totalmente ajenos a los partidos políticos, más aún cuando se trata de la integración de padrones de beneficiarios.

ANÓNIMO

En el formato de lo que se denomina “Sistema Integral de Desarrollo Regional” (no queda claro de quién es ese sistema) se lee: “Formato de alta de servidor de la nación”. Una vez más, es sumamente loable que Morena intente inundar al país de émulos de Morelos, pero lamentablemente su formato carece de muchas cosas, y quizá la más relevante es la del aviso de privacidad del manejo de la información. Esto, porque piden que se proporcionen los siguientes datos: credencial de elector, comprobante de domicilio, CURP, comprobante de alta ante el SAT (¿para qué si dicen que no recibirán remuneración?) y una fotografía tamaño infantil en formato JPG [sic].

Hasta donde sabemos, en México existe la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la cual establece que precisamente los partidos políticos forman parte de esos sujetos obligados. El artículo 2º de esa ley dice que es uno de sus objetivos: «Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las entidades federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento».

Desconozco si Morena ya informó de la política que seguirá en el manejo de la información que recabe de los “servidores de la Nación” al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pero es un tema sobre el que ni el partido político ni el propio INAI pueden hacer como que no está pasando nada.

Al extraño silencio que ha guardado el Inai sobre este tema se suma el del Instituto Nacional Electoral, pues, si en Morena están pidiendo a la población datos fiscales, seguramente es porque algo le habrán de pagar. Lo que lleva al ya señalado tema de si es legítimo que un partido político se gaste el dinero de sus prerrogativas en la usurpación de funciones de otra institución autónoma del Estado, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El embrollo no para ahí. En el formato para la recolección de la información, elaborado por alguien que seguramente reprobó la materia de “Estadística 1”, se puede leer que se habla de “prioridades para la visita domiciliaria”, pero aquí ya hay una contradicción mayor: si se levanta un censo, o como han dicho en el equipo del presidente electo, irán “casa por casa”, no se entiende por qué unas viviendas deberían ser prioritarias por encima de otras. Es decir, si ya tienen un diagnóstico previo sobre las necesidades de la población, ¿para qué hacer un censo?

Así, las prioridades se determinan, según el formato, considerando el “grado de marginación” de cada una de ellas. Si esto es así, ese dato proviene del Índice de Marginación que elaboró el Conapo con base en los datos de la Encuesta Intercensal 2015, y la mala noticia para los novatos que están preparando esto es que esa información no está desagregada por Área Geoestadística Básica (Ageb), debido a la estructura de la Encuesta Intercensal, 2015, que permite desagregación solo a nivel municipal y de localidad.

Lo anterior implicaría entonces al menos dos cosas: el marco muestral que van a utilizar está sumamente desactualizado y por lo tanto su operativo de campo resultará en un fracaso. El segundo es que, sin tener un marco de referencia de viviendas habitadas por Ageb, entonces seguramente utilizarán la información de las secciones electorales, lo cual le dará a su censo un sesgo que tendrá todo, excepto legitimidad y validez para el diseño de la política pública que se quiera.

Quien le dijo al presidente electo que se puede hacer un censo nacional en tres meses le mintió rotundamente; quien le haya dicho además que se puede hacer al margen de la ley y de las instituciones responsables de una tarea como esa le mintió por partida doble. Ahora bien, si el objetivo es construir una base social de apoyo territorial a Morena desde el gobierno, eso ya es otra cuestión.

Andrés Manuel López Obrador ganó abrumadoramente porque millones de personas tienen la esperanza de un cambio auténtico para el país y confían en que hará las cosas distintas y de la mejor manera posible.

Sería deseable que su equipo de transición se acercara al Coneval y al Inegi.

Es mentira que su legitimidad dependa de la rapidez con que instrumente el programa de jóvenes o la pensión “al doble” de las personas adultas mayores; su legitimidad proviene de su oferta de un gobierno honesto, transparente y que habla con la verdad, pero eso no puede estar sujeto a las prisas el “efectismo político”.

Si el Inai, el INE y el Inegi son dejados al margen de este “levantamiento casa por casa”, le entregarán al presidente, al momento de tomar posesión, un bodrio que será todo, menos un censo.

Por eso sería deseable que su equipo de transición se acercara al Coneval y al Inegi, y que una vez llegando al gobierno se construya el tan demandado padrón único de beneficiarios de los programas sociales y, a partir de allí, iniciar una nueva política de desarrollo social. Lo otro es llanamente un despropósito.

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1 COMENTARIO

  1. El trabajo lo podemos llevar a cabo d acuerdo a nuestras posibilidades, cada quien desde su trinchera como lo hemos venido haciendo x el bien del país

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