viernes, marzo 29, 2024

Eliminan registro de periodistas y activistas en revisión de dictamen

GUANAJUATO, Gto.- Quedó eliminada del dictamen de Ley de protección a personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas la pretensión de elaborar un registro estatal de quienes se dedican a estas actividades, uno de los puntos que fue considerado riesgoso y contrario al interés de proteger estas labores por periodistas, activistas y por la Procuraduría estatal de Derechos Humanos.

Este punto fue uno de los motivos por los que se impugnó el dictamen y fue rechazado por el gremio periodístico, y finalmente fue regresado a la Comisión de derechos humanos y atención a grupos vulnerables del Congreso.

Este jueves continuó la mesa de trabajo de dicha comisión con personas defensoras, periodistas, cabilderos y funcionarios de diversas instancias que han entregado propuestas para modificar sustancialmente el dictamen rechazado.

Entre los temas abordados durante la mesa de trabajos figuran: la definición de los derechos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cláusula de conciencia, el acceso a fuentes de información públicas; hacer valer los derechos de autor y firma en los artículos o publicaciones; la libertad de asociación; ejercicio libre de la libertad de expresión sin ser objeto de censura o represión y el secreto profesional.

Asimismo se determinaron los supuestos en los que los periodistas no podrán ser sancionados por invocar la cláusula de conciencia, la cual se entenderá como el derecho de los periodistas con objeto de garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional, salvaguardando el derecho de opinión y la ética profesional del periodista.

De igual manera, se realizaron diversos ajustes en la integración del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como sus atribuciones.

Además se estableció que el secretario técnico de este organismo sería un funcionario adscrito a la Secretaría de Gobierno y que se buscaría que contara con la especialización necesaria en el tema.

También se delimitaron las facultades para este cargo, que entre otras se encargaría de la implementación y seguimiento de las medidas plasmadas en la ley.

Fueron eliminados los artículos referentes al Registro Estatal de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y se ajustó el acceso a fuentes de información, acceso a eventos y a espacios públicos; así como a las acciones de coordinación y cooperación entre el Estado, la Federación y los municipios, para validar las medidas establecidas en la ley.

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