viernes, marzo 29, 2024

Intervención de PGR es avance en caso Ciudad del Niño: NIMA

LEÓN, Gto.- El Centro de Promoción de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes en Guanajuato, NIMA, reconoció la intervención de la PGR a través de la Fiscalía especializada en delitos contra mujeres y trata como un avance para el esclarecimiento de la situación de los menores albergados la Ciudad del Niño de Salamanca, administrada por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.
La organización emitió un pronunciamiento después de la reunión celebrada el lunes en la Secretaría de Gobernación con funcionarios federales, estatales, a la que acudió NIMA y la Red por los derechos de la infancia, la REDIM.
A continuación se reproduce íntegro el posicionamiento de NIMA al respecto.

El 31 de julio pasado se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento al caso de La Ciudad de los Niños, en la que participaron los titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), del DIF Guanajuato, de la Procuraduría de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato y representantes del Gobierno de Michoacán. Participaron también representantes de la REDIM, de Quién Habla por Mí, y de NIMA.

La maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y Adriana Lizárraga González, Titular de la FEVIMTRA, ambas de la Procuraduría General de la República (PGR), informaron que iniciaron una carpeta de investigación relacionada con probables delitos de trata cometidos en los albergues de La Ciudad de los Niños A.C.

Por otro lado, nos hemos enterado que el viernes 28 de julio de este año, el licenciado Julián García, abogado del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías informó en rueda de prensa que se había iniciado una denuncia de hechos por los delitos de difamación y calumnias (artículos 188, 189 y 200 del Código Penal del Estado de Guanajuato) contra quien resulte responsable, a través de la carpeta de investigación 76301iniciada en Salamanca, Guanajuato.

 

Según el Código, la difamación implica comunicar “dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral de un hecho cierto o falso que le cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio”. Por su lado, la calumnia, implica comunicar “dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral de un hecho que la ley califique como delito, si éste es falso o es inocente la persona a quien se imputa”. Ambos delitos se persiguen por querella y atentarían contra el honor.

 

Sobre esta denuncia, NIMA desea resaltar lo siguiente:

 

  • La derogación de estos delitos a nivel federal se dio en 2007 y Guanajuato es de las pocas entidades federativas que mantienen este tipo penal.
  • Que estos delitos están exentos si la imputación tiene por objeto defender o garantizar el interés público, como sucede en este caso en el que se defiende públicamente en interés superior de la niñez, que pudiera haber sido víctima de violencia.
  • Que al difundir a través de un informe, testimonios que confirman lo señalado en la sentencia 475/2016-VIII emitida por la Juez 9º de Distrito Karla María Macías Lovera, NIMA está favoreciendo la máxima publicidad de las implicaciones y alcances de dicha sentencia.
  • Que sólo podría comprobarse que NIMA actúa con dolo probando que se busca “la realización del hecho legalmente tipificado”, en este caso el daño al honor del señor Pedro Gutiérrez Farías. Además, tendría que documentarse dicho daño.

 

Para nuestra organización, más allá de esta investigación penal, el hecho nos parece relevante por varias cuestiones:

  • La supuesta denuncia se dirige contra “quien utilice los medios de comunicación” para difamar y calumniar, lo que puede representar una amenaza contra la libertad de expresión, ya que como ha señalado ampliamente la jurisprudencia interamericana el empleo de delitos del honor contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos es desproporcionado, y los límites que deben establecerse deben ser legítimos, necesarios, proporcionales y razonables protegiendo la libertad de expresión y considerando el principio de intervención mínima del derecho penal para salvaguardar el honor.
  • Las violaciones a derechos humanos documentadas y presentadas en el informe “Institucionalización y violencia en La Ciudad de los Niños”, y después reproducidas por los medios de comunicación son parte de la agenda pública y de la búsqueda del acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes. Que son, en resumen: el derecho a la identidad, el derecho a una familia, el derecho a vivir una vida libre de violencia, a la seguridad y a la integridad, así como a la salud y a la vida.
  • El trabajo que realizamos las organizaciones civiles se ubica en el marco de la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, y de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”.
  • La labor de las organizaciones de derechos humanos es para promover el acceso a la justicia, la no revictimización, el establecimiento de medidas de no repetición de las violaciones a derechos humanos; en el marco de las leyes nacionales y estatales que les rigen. Somos, además, un actor clave de la democracia.

 

 

Es por ello, que EXIGIMOS al Estado Mexicano en su conjunto:

  1. Que garantice el acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes que pudieron ver vulnerados sus derechos a través de la investigación ministerial que ha iniciado la PGR. Garantizando derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y medidas de no repetición.
  2. Solicitamos a la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación Federal incorpore a NIMA, Centro de Promoción de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, lo que implica que la organización reciba medidas de protección ante la criminalización de la que es objeto. Así como a reporteros y medios de comunicación que lo soliciten.
  3. Exhortamos a la Diputada Arcelia María González González, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado a que defina una metodología para derogar los delitos de difamación y calumnias, cuya iniciativa fue presentada en abril de este año, con el número 63317.

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