Los 60 millones del SAT

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1.- Un observatorio sin mucha diligencia

Por muchos años, los gobiernos estatales y municipales evadían el impuesto sobre la renta. Fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando casi todos empezaron a poner en orden sus respectivas nóminas.

Guanajuato capital, fue la excepción.

Los abogados saben que el SAT sólo puede reclamar los últimos cinco años de los impuestos y eso es justo lo que exige al municipio: 12 millones por cada año. Es decir, tres años de la administración de Luis Gutiérrez y dos de la administración de Nicéforo Guerrero. En total, 60 millones.

La actual administración del priista, Edgar Castro, ha logrado poner en orden este antecedente y podrá solventarlo con los 60 millones que solicitará como adelanto de participación federales que podrán traducirse en obra pública.

Es decir, Castro Cerrillo pedirá 60 millones y el mismo SAT se los regresará en obra pública el próximo año.

Por eso resulta lamentable que el Observatorio Ciudadano de ojos azules, pida información del adeudo del SAT, cuando los antecedentes está registrados en las crónicas periodísticas de Guanajuato. Su ignorancia en el tema los exhibe de manera vergonzosa.

2.- Peticiones absurdas y deficientes

Resulta absurdo que pidan se den a conocer los nombres de los alcaldes que incumplieron, cuando ellos saben que fueron todos los anteriores a 2015, priistas, panistas y perredistas, aunque sólo el SAT reclame los últimos cinco años por derecho fiscal.

La expresión pública del Observatorio Ciudadano de la capital es decepcionante, porque evidencia su golpeteo político y no el interés ciudadano de coadyuvar en propuestas favorables a los capitalinos.

Habrá que recordarles también que, durante la administración del edil priista, Luis Gutiérrez, se trató de regularizar el ISR, aunque se enfrentó al SAT con un litigio que encabezó el abogado Marco Vergara a fin de disminuir la deuda fiscal.

Y lo hizo.

Hoy el Ayuntamiento quizás apruebe el adelanto que ha propuesto el alcalde de Guanajuato, muy alejado de la grilla, del reclamo de transparencia y del golpeteo político. El gobernador Miguel Márquez se comprometió el apoyarlo.

Es muy curioso que los encargados de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento no sean los protagonistas en el tema, cuando deberían de participar de manera activa para subsanar lo que otros no hicieron. Si ellos ya hicieron la tarea, habrá mejores soluciones para la capital, sin duda.

2.- El error del alcalde de Silao

El alcalde de Silao, Juan Antonio Morales Maciel se equivocó en viajar a Los Ángeles con su amigo, el Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez y dejar a la familia masacrada.

Los familiares esperaban más de su buen vecino, pero no fue así. Se dieron cuenta que la madrugada de ayer, el Presidente tomó un avión a Los Ángeles, California y, cinco horas después, se dejó tomar la foto con el delfín del gobernador, Miguel Márquez Márquez.

La gente indignada fue a buscarlo a la Presidencia Municipal con todo y los féretros, pero ningún funcionario los recibió. Y es que el alcalde decidió viajar a los Estados Unidos con una asistente y su secretario particular.

Nadie recibió a la familia y todos se fueron decepcionados.

Un error que costará muchísimo al presidente.

Dos días atrás, todo iba muy bien: Había acudido al lugar de la tragedia, había escuchado a los familiares y logró en menos de 24 horas, que el Secretario de Seguridad y el Procurador del Estado, hicieran lo que no pudieron en un año.

Todo muy bien hasta ahí.

Sólo que sus vecinos, contagiados por el coraje y el clamo de la justicia, lo esperaban en el funeral y en la misa de cuerpo presente. Por alguna razón fueron a buscarlo a la Presidencia Municipal y se dieron cuenta que el Profesor, había decidido viajar a Estados Unidos y olvidarse de la tragedia.

Lamentable su decisión.

3.- El reclamo del Gobierno Federal.

El Gobernador Miguel Márquez y el presidente Enrique Peña Nieto, se saludaron ayer en el aeropuerto de Silao, tras la gira que emprendió el Mandatario al parque industrial Colinas de Lagos de la empresa Lintel.

Horas antes, el gobernador aseguraba que la violencia era un tema muy federal y que los hechos registrados en Guanajuato formaban parte de las estadísticas nacionales. Acaso lamentó el crimen de la familia de Silao y punto.

Pero más noche, quien reclamó los dichos del gobernador Márquez fue el delegado de gobernación, Javier Aguirre, pues pidió al Gobierno del Estado, asumiera el costo de su ineficiente secretario de seguridad pública, Alvar Cabeza de Vaca.

Bueno, en realidad así lo expresó: “Lamento profundamente que el Gobernador asuma una postura de eximir a su administración en el tema de seguridad, excusándose con argumentos ambiguos relativos al orden de los delitos que aquejan a los guanajuatenses”.

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