México, 247 mil muertos después

Uno de los temas en que más incertidumbre existe respecto del gobierno que habrá de iniciar el próximo 1º de diciembre es el relativo a la estrategia de seguridad pública.

Sin duda es relevante el anuncio hecho por la exministra Olga Sánchez Cordero de que se buscará despenalizar la producción y el consumo de marihuana, y quizá también de algunas otras drogas; pero, a decir de los expertos, eso es una condición necesaria, mas no suficiente, para abatir las cifras de inseguridad que tenemos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del año 2008, cuando inició la sangrienta “guerra” contra el narcotráfico, al 2017 se tiene registro de 232,314 homicidios, cifra superior en 40 mil casos a los consignados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aun con estas discrepancias, es interesante observar que en ambas cifras la tendencia es la misma: una creciente e imparable violencia homicida que ha convertido a México en un cementerio a campo abierto, pero también en un terrible y macabro tiradero clandestino de cadáveres, que se expresa en el fenómeno de las llamadas “fosas clandestinas”.

Según los datos oficiales, hay más de 36 mil personas extraviadas o desaparecidas. De ellas no tenemos claridad cuántas realmente “se perdieron”, cuántas han sido levantadas y desaparecidas o cuántas secuestradas y esclavizadas en las redes de trata que operan en el país.

¿Cuántos padres y madres más se quedarán sin hijos? ¿Cuántos niños y niñas más serán reclutados por el narcotráfico y las redes de trata de personas?

La cifra es escalofriante por donde se le vea. Para ponerla en perspectiva es pertinente decir que al mes de mayo de 2018 se estimaba que en Siria, un país abiertamente en guerra, luego de siete años de combates, se tiene un registro de alrededor de 500 mil muertes. Es decir, en un periodo relativamente similar, sin guerra, en México tenemos la mitad de cadáveres que allá.

Entre enero y junio de 2018 el SESNSP tiene registro de más de 15 mil homicidios dolosos; es decir, incluso con el desfase de datos que tiene con el INEGI, el hecho es que este año habrá nuevamente más de 30 mil cadáveres en las calles, a los que habremos de sumar la triste cifra de personas que este año sean “levantadas” y desaparecidas.

De acuerdo con diversos informes, entre 2016 y 2017 se han encontrado al menos 280 fosas, y solo en 13 de las 32 entidades de la República no han sido localizados, o al menos no han sido reconocidos oficialmente, este tipo de entierros siniestros, en los que yacen cuerpos o partes de cuerpos. Lo anterior sin contar casos tan oscuros como el de los cuerpos que son disueltos en ácido o incinerados para no dejar rastro de ellos.

En ese sentido, las preguntas son auténticamente pavorosas: ¿cuánto tiempo más va a prolongarse esta mortandad? ¿Cuántos padres y madres más se quedarán sin hijos? ¿Cuántos niños y niñas más serán reclutados por el narcotráfico y las redes de trata de personas? ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes más quedarán huérfanos? ¿Cuántos cuerpos más serán enterrados sin dignidad y cuántas familias más tendrán que vivir duelos sin cuerpos presentes?

Una de las principales propuestas de campaña del virtual presidente electo fue la de pacificar al país. Es una de las más grandes tareas que va a tener el gobierno federal y, particularmente, la nueva Secretaría de Seguridad Pública, para la cual ha sido propuesto como titular Alfonso Durazo.

Lo que estamos padeciendo es peor que una guerra: es una siniestra conspiración orquestada a los más altos niveles del poder, diseñada para el beneficio de los peores intereses y prácticas humanas.

Lo urgente será construir una nueva política de seguridad ciudadana centrada en las víctimas, que se apegue al respeto irrestricto de los derechos humanos y que vaya de la mano con una política de procuración de justicia que auténticamente funcione como representación social.

Hará falta capacitar en serio a quienes integran a las corporaciones policiacas, en todos sus niveles y responsabilidades. Hay que equiparlas mejor, pagarles salarios dignos y otorgarles las prestaciones que marca la ley.

Deben asimismo modificarse los mecanismos de coordinación entre la federación, los estados y los municipios y, ante todo, deben revisarse los diagnósticos y las estrategias implementadas a partir de estos. Habrá que hacer, pues, todo lo que no se hizo de 2008 hasta la fecha.

Lo que estamos padeciendo es peor que una guerra: es una siniestra conspiración orquestada a los más altos niveles del poder, diseñada para el beneficio de los peores intereses y prácticas humanas. Hoy no estamos solo frente a capos sin escrúpulos que dirigen bandas criminales; antes bien, pareciera que la amenaza es que se trata de asesinos seriales, auténticos psicópatas capaces de los peores sadismos, que se han hecho de ejércitos para perpetrar crímenes y acciones macabras a diestra y siniestra.

Hay filósofos que han hablado del mal radical, y a eso es a lo que nos enfrentamos: un mal en el que se sintetizan nuestros peores miedos: la tortura, la mutilación, la desaparición de los seres queridos y, en general, lo que bien podría denominarse como el homicidio sufriente, es decir, cuando la víctima no solo es privada de la vida, sino que lo más importante es hacerla sufrir.

Lo anterior es monstruoso, porque el objetivo primario del perpetrador o verdugo es el dolor, el terror y el sufrimiento ajeno, fenómeno en el cual el fallecimiento de la víctima se convierte incluso en un fenómeno incidental.

Todo lo anterior pone en tensión los paradigmas desde los que se piensa incluso el proceso de rehabilitación y reintegración social de quien delinque en esos niveles. Ello nos sitúa ante complejas preguntas: ¿cómo ser hospitalario -en el sentido estricto del término- con un psicópata? ¿Cómo ser empático con un carnicero que es capaz de mutilar a seres humanos? ¿Cómo humanizar a quien desprecia a tal nivel la vida?

De eso se trata: de hacer todo lo que no se ha hecho en las tres últimas administraciones; y de construir una nueva lógica de desarrollo en la cual uno de sus principales ejes será el de proteger y garantizar los derechos de las víctimas.

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