El positivismo y el neoliberalismo: Un maridaje para hacer gobierno ya viejo

Los gobiernos locales y ayuntamientos no son más que formalidades ochenteras del modelo neoliberalista que los norteamericanos han dejado ver desde la firma del TLCan y todavía antes desde el Consenso de Washington (CW) y por ende sus acciones y actuaciones no tienen vanguardismo y menos son contemporáneos, o sea no responden a las circunstancias de hoy.

Para finalizar los ochenta, algunos Estados de América Latina y países del Mediterráneo trajeron consigo -a partir de las transiciones democráticas o democracias a consolidarse de acuerdo a las reglas norteamericanas que desde los Acuerdos de Bretton Woods y el CW habían diseñado- la esperanza de que los nuevos conceptos de las libertades -aquéllas que nacieran del liberalismo- pudieran conjugarse con los antiguos dividendos del Estado de Bienestar, del llamado Welfare System. “Una esperanza que pronto se desvaneció. Una multitud de nuevos regímenes que se habían desembarazado de su pasado autoritario fueron absorbidos rápidamente por las políticas del Consenso de Washington. El saldo de esta peculiar suma fue que las recientes democracias tuvieron que sobrevivir –las que lograron hacerlo– en medio de auténticas devastaciones sociales (Semo, 2013)”.

El neoliberalismo emergió como una de las consecuencias obligadas de los procesos de democratización que habían debilitado a los norteamericanos en esos veinte años y cuyas libertades habían sido llevados a los excesos del individualismo que quedó muy poco de Estado, de ahí el minimalismo estatista del poquísimo intervencionismo, sesgado liberalismo económico, capitalismo que Adam Smith propusiera en el inicio del Estado estadounidense de 1776. M. Tatcher, R. Reagan, A. Pinochet; los presidentes mexicanos M. de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari se habían convertido en verdaderos colosos de este nuevo modelo del capitalismo: el neoliberalismo, nuevas libertades, nuevo orden de Estado, nuevas reglas de juego y nuevo planteamiento de políticas, nuevo progreso; otro probablemente, otra ciencia: la económica, la que daría curso legal al Estado. Este nuevo modelo propugnaba un Estado decidido a deshacerse de todo medio de producción y entregarlo a los particulares, lo importante son los capitales interactuantes en entornos cambiantes bajo la férula del comercio, del mercantilismo y del Estado que solamente vigila que todo esté en orden y en progreso, en crecimiento: el mercado mundial es mucho más importante que el mercado nacional o local. La administración pública se subordina a las nuevas líneas de acción inflexible a los conceptos fraguistas que si se integran al delta estatista para consolidar nuevas prácticas de gestión: ¿Qué mejor opción habría para los progresistas sino un maridaje entre The New Públic Management (por sus siglas en sp. NGP) y el Positivismo?:

Además: Teodosio Lares, hidrocálido, incursiona en las varias facetas del Poder, desde legislador local en Zacatecas, senador, Suprema Corte de Justicia y litigante, pero además gran admirador y seguidor de López de Santana hasta con el segundo Imperio Mexicano (Toussaint Alcaraz, Florence). Lares siempre defendió el centralismo y las ideas conservadoras, lo que lo vuelve un oponente ferviente del federalismo por evidentes razones, empero a sus indecisiones ideológicas que lo tientan a veces simplemente para ser diferente políticamente; un extraordinario enciclopedista desde el punto de vista francés y como tal: culto. La administración pública se había vuelto burocrática desde Maximiliano de Habsburgo y desde el derecho se había iniciado el largo viaje que significa gobernar con instrumentos legalistas, el “principio de legalidad” sería la bandera y el baluarte del hacer gubernamental y al mismo tiempo el desatino de los programas gubernamentales para evocar las políticas públicas y esencialmente hoy las sociales.

Miguel Romero Acosta, José Chánes Nieto, Manuel Fraga, Omar Guerrero y otros hablan de Gabino Fraga Magaña, no sólo como el jurista sino como el hombre que aborda al gobierno mexicano con una intención clara: organizarlo para los fines públicos y lo separa del Estado en su concepto de volverlo operador de éste. Fraga: desde la trinchera académica y desde la función pública. Es que entiende la necesidad de dar contenido a la administración de manera que se vuelva pública, sin faltar al derecho [público] y sin dejar de reconocer las limitaciones de los gobiernos.

El ilustre administrativista en derecho, Fraga, revisa el Estado mexicano no desde la técnica administrativa sino de la sistemática del derecho público y luego administrativo, con él prácticamente germina el ‘derecho administrativo mexicano formal (1934)’, pero también años más tarde estudia la administración pública como fenómeno accional del gobierno y con él la ciencia de la administración pública tiene impactos fundacionales del acto y procedimiento administrativo que el aparato gubernamental identifica como necesario. La obra de Fraga habiéndose inspirado en los conceptos ortodoxos y en las lecciones de Teodosio Lares (1851) a través de lo que él denominó: “ciencia de la acción y competencia del Poder Ejecutivo” (Chanes, 1997) es que se formalizan los elementos de la “administración pública mexicana”, nacida del lecho del derecho y de la jurisprudencia.

No estamos disertando si el gobierno mexicano tenía proceso administrativo o no antes de Fraga, lo que estamos insistiendo es que con él se formaliza y toma de Lares los conceptos; el actuar del gobierno se funda en el procedimiento, administrativos y de derecho que éste intenta sistematizar; quizá reducir la improvisación, el caprichismo del hacer gubernamental. Desde luego Fraga con este pensamiento, tanto el aula universitaria como la dependencia pública tienen espacios de discusión que vuelven la experiencia en disciplina que hoy tenemos registro y rendimos homenaje al abogado michoacano de los primeros decenios del siglo XX.

Posterior a éste y con otros es que se ha contribuido a la AP, basándose en el pensamiento progresista de Fraga y repensando el Estado, los gobiernos y sus procesos, hoy probablemente menos obtusos en el sentido de ortodoxia y legalismos (fundamentales pero acotados), empero al reconocimiento de Fraga (Romero, 1992).

Daniel Lanuza Rode

Analista, consultor, académico y servidor público.

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