Sin justicia social no habrá paz…

El inicio del 2017 se ha caracterizado por las constantes tribulaciones y por un notorio descontento social.

El Gobierno Federal nos dio la bienvenida al 2017 con el llamado “gasolinazo”. A su vez, la ciudadanía ha comenzado a protestar y manifestarse con una fuerza poco inusual y quizá también poco ortodoxa, a través de las redes sociales, con manifestaciones pacíficas e incluso con otras modalidades que rompen el orden público y preocupan, como los saqueos.

Sería ingenuo centrar el análisis de la situación en el país sin repasar el contexto y la historia reciente. Efectivamente, como el Presidente de la República diagnosticó unos meses antes del último “gasolinazo”, hay un México enojado. Un México en el que además, el descontento con la política y la violencia parecen ser un distintivo  y a la vez, una mezcla peligrosamente  explosiva.

Aunque parezca fácil, mal haríamos en adjudicar todo el malestar al Presidente de la República, o a la versión actual de los partidos políticos que, si bien es cierto, están muy alejados del sentir ciudadano, son tanto cómplices como víctimas de una inercia que viene de muchos años atrás.

En términos médicos podríamos decir que tenemos un México enfermo y que el mal que le aqueja ha sido derivado por problemas estructurales que tienen que ver con las demandas de justicia social postergadas desde hace ya casi un siglo  y por los insultantes niveles de corrupción e impunidad.

La injusticia social se traduce en una altísima y vergonzosa tasa de desigualdad que, además de generar pobreza, se traduce en una constante violación a derechos sociales y económicos de más de la mitad de la población. Mientras tanto, la corrupción y la impunidad generan descontento y desinterés en lo público. El México de hoy es, ni más ni menos,  resultado de esta constante.

Lo peor del caso es que se han generado dos Méxicos que pocas veces se comunican entre sí: el que lee y percibe la clase política y el que sufre y en el que sobrevive la mayoría de la población. Al primero, le interesa más los índices e indicadores de desarrollo económico global y el cómo sale en las fotos internacionales. Al segundo, le importa más la subsistencia y en cierta medida la aspiración de poder tener y producir un poco más.

Es por ello, quisiera creer, que para la mayoría de la población no es suficiente explicación para aguantar los efectos  del “gasolinazo” las casusas internacionales o los grandes índices de la economía. Sobre todo porque aún en tiempos de bonanza, la desigualdad y la pobreza han persistido más o menos como en estos de crisis.

Por otro lado, ¿cómo explicar a la clase trabajadora que el modelo económico es la clave de su desarrollo, cuando en los tiempos de mejor crecimiento ha trabajado intensa e incesantemente para dar más riqueza a pocos y cubrir a penas algunos satisfactores básicos a la mayoría de la población?

Cómo explicar a la mayoría de los mexicanos y mexicanas que las razones de política exterior pesan mucho y son las causas de sus desventuras, cuando lo último que han presenciado es la laceración de su dignidad nacional a manos y voz del próximo Presidente de EEUU, teniendo como reacción de nuestros representantes en turno una sumisión total e incondicional. ¿Es este capítulo de nuestra política exterior digno en la percepción de la mayoría de la población, o es más bien un agravio más?

Lo mejor que le está ocurriendo al México actual es que su ciudadanía está despertando y manifestando su indignación, porque significa que están recobrando el interés en lo público y por ende en la política. Si lo hacen con violencia está mal y hay que apelar a la legalidad y al estado de derecho, pero siendo honestos, ¿a caso se les han dado otros caminos que funcionen para dar cabida a sus demandas y construir soluciones de política social?

 

Y en Guanajuato…

Guanajuato no se cuece aparte aunque su clase política se esfuerce en aparentarlo. Tiene un Gobierno ensimismado y abúlico, que solo se ve el ombligo; que no analiza ni aporta mejoras a su modelo de desarrollo económico y que pareciera asumir asume que por arte de magia, éste generará desarrollo social para la mayoría de la población. En otras palabras, como si el modelo de desarrollo social se pudiera basar exclusivamente en contar con un empleo en una maquiladora o una ensambladora automotriz internacional. Lo anterior, sin darse cuenta que las políticas públicas de seguridad, de prevención social, recreación, salud, educación y empleo digno, requieren de algo más que facilitar las condiciones para las empresas y grandes negocios.

En este sentido, los gobiernos del Estado durante los últimos tiempos han pecado de soberbia. Han dejado sistemáticamente las demandas sociales de impunidad, justicia y equidad a un lado, para entretenerte en un juego político que se centra en beneficios individuales, en la preservación en los cargos, en extender la fama y benéficos del trienio o el sexenio o, en el mejor de los casos, en generar prebendas y beneficios puntuales para mejorar la imagen de sus propios partidos en aras de ganar las próximas elecciones. En esta trama se han olvidado de la esencia de su mandato y de la política en general, poner al centro al sujeto social y derechos: al ciudadano y sus demandas.

Nuestro engranaje institucional cuenta con organismos públicos que están diseñados para garantizar que haya contrapesos y garantías para que se ponga por delante los derechos de la población. Sin embargo, el pecado capital y la muestra más grande de la soberbia de los gobiernos estatales, ha estribado en denostar la autonomía de dichas instituciones y de la división de poderes, metiendo mano a la selección de sus representantes, convirtiéndolas en una especie de extensión de sus propios gabinetes. Basta analizar el proceso reciente de selección del Ombudsman del Estado. Ciertamente no fue un proceso ilegal pero si muy trucado legítima y moralmente. Lo anterior lamentablemente se presta a conjeturar sobre los intereses del Gobierno en turno alrededor de su propio beneficio y el rol presumiblemente sumiso que dicha institución continuará teniendo ante su gestión, gracias a la mano que le echó. Ojalá que no fuera así..

Paradójicamente, lo que se le olvida sistemáticamente a nuestros gobernantes es que más pronto que tarde volverán a ser ciudadanos comunes y que las mieles del poder no son eternas, aunque claro, desde la corrupción e impunidad que dejan fluir puede generar incluso una futura comodidad económica, quizá de por vida.

¿Y mientras tanto los y las guanajuatenses de a pie qué pensamos y qué proponemos?

Definitivamente no hay cura fácil ni indolora para la reconstrucción del país y del Estado que queremos para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos. Sin embargo, es urgente levantarnos y reconstruirnos desde nuestra identidad y alrededor de una nueva visión de país y de Estado. Esto solo puede darse en estricto apego a los derechos humanos, incluyendo los derechos sociales y económicos, dando así cumplimiento a las impostergables demandas de justicia social, porque además, sin esa justicia social, no habrá paz sostenible y duradera.

Necesitamos construir un México y un Guanajuato en el que podamos volver a confiar en nosotros mismos, como ciudadanos y ciudadanas, con instituciones transparentes que nos generen confianza a través de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos un Guanajuato que no olvide a la mitad de su población y la incluya en igualdad de condiciones en un nuevo modelo de desarrollo humano integral equitativo.

Para ello, necesitamos la participación de todos y todas ejerciendo nuestra ciudadanía de manera activa, desde nuestra indignación primero y después con propuestas específicas.

José Manuel Ramos Robles, Consultor Internacional Especialista en Derechos Humanos

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *