Sólo 30 policías cuidan la ciudad y 12 a funcionarios municipales

 

SILAO, Gto.– Seguridad Ciudadana se colapsó. Menos de 30 agentes preventivos operan las 24 horas en un municipio que casi concentra 190 mil habitantes, sin contabilizar trabajadores temporales de la industria automotriz.

Por turno, trabajan alrededor de 33 elementos y de éstos sólo siete u ocho patrullan las calles. 20 de esos 33 laboran intramuros, ya sea en módulos administrativos, en la cabina del número de emergencias 911 o en áreas de mantenimiento. Un dato desalentador ante una ola irrefrenable de asaltos en la zona centro, los bulevares de mayor flujo vehicular y las colonias periféricas.

La Oficina para la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas emitió una recomendación en términos cuantitativos: 300 policías por cada 100 mil habitantes. La recomendación no se emitió ayer ni el año anterior, sino hace más de media década, un tiempo razonable para el cumplimiento de esa añeja sugerencia numérica.

En números redondos, la población silaoense requeriría casi 600 agentes, todos netamente operativos.

Mario Alberto Martínez Pérez, el policía recién despedido por evidenciar éstos y otros problemas internos, propuso un estado de fuerza de 500 uniformados y esa observación hizo hervir los ánimos al interior de Seguridad Ciudadana.

Bajo estas circunstancias, Silao sería un municipio desprotegido. Un policía para cada 25 mil habitantes en un turno de ocho horas. En caso de ver esos 33 polipreventivos en este “municipio de proyección mundial”, sería un policía para cada 5 mil 700 habitantes, un déficit que difícilmente se contrarrestaría en la segunda mitad del trienio 2015-2018, que encabeza el maestro en sociología educativa Juan Antonio Morales Maciel, cuya máxima promesa de campaña gravitó precisamente sobre un asunto estrictamente sociológico: frenar la inseguridad con una sólida corporación policíaca y un abanico inconmensurable de proyectos para “hacer comunidad”. Aritméticamente se resuelve: 1 problema social sin resolver, 1 patrullero para cada 25 mil silaoenses.

Para colmo de males aún incurables, no todos los patrulleros cuentan con su radio para reportar cualquier incidencia y los 12 académicos —los agentes recién egresados de la Academia Policíaca— se comunican por medio de una red de WhatsApp que fácilmente puede ser desarticulada y que contraviene un precepto básico: “un policía no puede portar teléfono celular durante su horario de servicio”.

A pesar de esta indefensión, el Presidente Municipal goza de una protección especial: 12 escoltas para su resguardo. 12 agentes para proteger al Primer Edil y sólo un policía para brindar protección a más de 25 mil habitantes.

El policía segundo Mario Alberto Martínez Pérez —con 15 años de carrera policial— y el policía tercero José Miguel —con siete años de servicio en el cuerpo policial— recibieron una noticia inesperada e injustificada. De manera verbal, y sólo verbal, un voz no autorizada lo notificó: “Reprobaron el examen de control y confianza”.

Martínez Pérez presentó su examen hace siete meses y su compañero hace casi un año (en mayo de 2016), sin embargo, apenas recibieron el “supuesto resultado”, cuando éste se notifica, por mandato legal, en un plazo no mayor a los tres meses de la aplicación del examen. Por lógica, una notificación extemporánea, coligió el asesor legal de ambos.

Mario Alberto, que encabezó una manifestación durante el último año de gestión de Enrique Benjamín Solís Arzola —aún recluido en el CERESO de Irapuato—, dijo creer que su despido obedeció a la petición que hizo pública hace unos días: 500 agentes operativos para cubrir las necesidades de la población silaoense.

“Se suponía que el otro (Solís Arzola) tenía fama de intolerante, pero ni me corrieron ni tomaron represalias contra mí. En cambio, este señor (Morales Maciel) se indignó y nos echó fuera”, aseguró.

Preventivos que denuncian despido.
Preventivos que denuncian despido.

“Y para que no se viera tan evidente, me echaron también a mí para acompañarlo”, agregó José Miguel.

Ambos ya interpusieron sus recursos de inconformidad ante la Contraloría Municipal y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), ya que se violaron los momentos procesales que preceden al ultimátum.

“Primeramente, no recibimos una notificación por escrito y nos notificó una persona que no tiene facultades para tal efecto: Luis Daniel Durán, el licenciado que supuestamente lleva los asuntos jurídicos de la Dirección de Seguridad Ciudadana”, manifestó Cabrera López.

Y el órgano administrativo que por ley corresponde, el Consejo de Honor y Justicia, no intervino.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *