“Tolerancia cero” a la ineficiencia en política de seguridad y a “casos aislados” de violencia en Guanajuato

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Por José Manuel Ramos Robles

Activista y Experto Internacional en Derechos Humanos

 

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guanajuato durante 2017 se incrementó dramáticamente la cantidad de homicidios dolosos, ocupando uno de los primeros lugares a nivel nacional. Según los mismos datos oficiales, el Estado ocupa un deshonroso 3er lugar en delitos por lesiones.

La situación está lejos de mejorar en este 2018 pues, según la información de diversos medios se contabilizan a la fecha más de 160 homicidios dolosos. Por si esto fuera poco, se ha evidenciado un preocupante incremento en las amenazas a la integridad de periodistas independientes, sin que las autoridades locales o incluso la Procuraduría de Derechos Humanos tomen las acciones de protección pertinentes y necesarias.

En contraste, llama poderosamente la atención la tibia y esquiva reacción argumentativa de parte del Gobierno Estatal sobre la magnitud de la ola de violencia, tema digno de analizarse detalladamente por sus delicadas implicaciones.

Aunque es evidente que la actual administración del Estado está más que rebasada, dada su clara e ineludible responsabilidad al haber fallado en generar estrategias de prevención social de la delincuencia, y por haber apostado únicamente a programas fallidos, sin objetivos estratégicos como el Programa Escudo; no se observa por parte de las autoridades estatales un diagnóstico serio de la situación. Peor aún, no ha habido un reconocimiento formal y explícito de la gravedad de la situación de violencia que atraviesa el Estado, cosa que causa aún una alarma mayor. Lo más articulado de su reacción ha sido el apuntar a que el incremento en la  violencia  se debe o al reacomodo entre céulas del crimen organizado, o al fracaso de las estrategias federales.

Como corolario, destacan fuertemente, al punto de la indignación, las declaraciones del Gobernador en el sentido de que las ejecuciones en el Estado son “hechos aislados”, como lo aseveró en el caso de la ejecución en Salvatierra de una persona dentro de un hospital público, o que, a partir de la llegada de los efectivos de la policía militar, habría “tolerancia cero” a la violencia en el Estado. Como si antes si hubiera habido permiso o tolerancia para ejecuciones y crimenes.

Una de dos: o el Gobierno Estatal no cuenta de verdad con un diagnóstico real de la situación, o está negando deliberada y arbitrariamente los datos y estadísticas de la la escalada criminal que envuelve al Estado.

En el primer escenario, estaríamos ante una flagrante ineptitud de las instituciones estatales encargadas de procuración de justicia y seguridad, cosa que ameritaría una inmediata y radical restructuración de las mismas.

En el segundo escenario, estaríamos  ante una situación aún peor, pues sería un flagrante y deliberado timo a la opinión pública, quizá con la intención de no sufir críticas sobre la ineficacia de la actual administración, o para evitar sufir descalabros en las apuestas evidentes al proceso electoral ya iniciado. Si este fuera el caso, sería el peor de los escenarios, pues infiere la politización, en su peor acepción, de un tema que ha lastimado la vida y la integridad de muchas personas y de muchas familias en Guanajuato.

Para Goebels, el ideólogo asesor en temas de comunicación social en tiempos de la Alemania Nazi, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Tal parece que los asesores del Gobierno del Estado han desempolvado esta doctrina y se aferran a ella, lastimando no solo la dignidad y la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas, sino también la propia imagen del Gobernador Márquez Márquez.

La vida, la integridad y la seguridad de los y las guanajuatenses son derechos que el Gobierno debe proteger y garantizar, y no un mero tema electorero o de encuestas de aceptación.

Definitivamente, los asesores y miembros del Gabinete del Gobernador deben ser más responsables y dejarle vera este las cifras de violencia y ejecuciones dolosas en el Estado. No deberían permitirle hacer declaraciones, como las previamente citadas, tan desafortunadas como insostenibles.

En cualquier caso, pareciera que a este Gobierno le falta algo de seriedad y otro tanto de humildad y compromiso. No se pueden dar el lujo de no hacer nada y mucho menos decir que ya hicieron todo lo que pudieron cuando les quedan aún varios meses de gestión y el barco se está hundiendo. Por compromiso con la ciudadanía, por vergüenza profesional, o por conveninecia si quieren, deben actuar con una estrategia más allá de la militarización del Estado. O, ¿a poco creen de verdad que con más militares combatiendo delincuentes nos sentiremos más seguros y habrá menos violencia?

 

@jmramosrrobles

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