Tragedia de San Miguel de Allende: Entre la ignominia y la incompetencia

Desde hace más ya de una semana la sociedad guanajuatense se encuentra consternada por la violenta y trágica muerte de tres niños en San Miguel de Allende. Una semana sin que se haya logrado verdad y justicia, con el dolor de una familia, la solidaridad de una comunidad y la indolencia de las autoridades, con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG) por delante. El resultado hasta ahora: la indignante e imperdonable muerte de los tres niños, una familia destrozada y una comunidad movilizada e indignada.

La poca información vertida por las instituciones competentes a la opinión pública no es puntual ni convincente, es incluso contradictoria con las versiones de testigos clave.

El actuar de PGJEG ha sido como poco, vergonzoso e improvisado. Se ha centrado en poner los reflectores encima de su titular, en la defensa del actuar institucional y el descrédito de todo lo demás, lo que ha provocado a su vez,  una situación de mayor inseguridad,  incertidumbre y revictimización a la madre, a  la familia y a la sociedad guanajuatense en general.

Los medios de comunicación han dado puntualmente cuenta de una serie de presuntas violaciones al debido proceso. La PGJEG tardó muchas horas en presentar a Antonio Luna ante la autoridad jurisdiccional y tardó muchas horas también en dar a conocer lo sucedido. No dio cuenta clara desde el principio de qué hacían sus elementos en la finca, ni de por qué impidieron el paso a los policías municipales que acudieron después de la denuncia de la madre al 911. En contraste, el Procurador,  acusó de calumniosa la versión de la madre, la única testigo presencial del caso.

Por su lado, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHEG) saltó a tiempo a la escena, sin embargo, su actuar poco a poco se fue desdibujando en su afán de ser sigilosa, respetuosa de canales y procedimientos, tratando de, como señala constantemente su titular: “…deslindar responsabilidades de acción u omisión de instituciones estatales”. En este actuar se le ha olvidado enfatizar lo más importante: la reprobación total de lo sucedido y la condena de las  violaciones de derechos humanos que pudieran relacionar se al caso. Entre ellas, las que se identificaran con relación al debido proceso.

La  PDHEG podría dar a conocer, si no el contenido de su investigación, si su protocolo de actuación, dando certeza de cómo a promovido y acompañando la aplicación del protocolo de Estambul a Antonio, para documentar si ha sido víctima de tortura o no; cómo se ha coordinado con la Comisión estatal de Atención a Víctimas para la debida atención de la madre en su condición de víctima. Podría también haber condenando enérgicamente las declaraciones lamentables del  titular de la PGJEG tildando de calumniosa la versión de la madre de los niños.

En contraste, el Procurador de los Derechos Humanos del estado, se reunió a media semana con el Gobernador del  Estado en medio de este caso de consternación, lo que para muchos ojos fue visto con sospecha y como un grave riesgo que lacera aún más la independencia de este organismo.

Las dudas sobre la autonomía y la poca claridad en los protocolos de atención de la PDHEG, son causa suficiente para que la CNDH atraiga el caso. Justificaciones sobran porque además, este caso ya se ha convertido en uno de interés nacional e internacional.

La ciudadanía organizada de San Miguel de Allende y todo el Estado se ha pronunciado. Ha salido a protestar lo que para ellos es una terrible injusticia. No creen en la culpabilidad de Antonio, por eso lo quieren libre y exigen el esclarecimiento de los hechos. Quieren verdad, justicia y reparación por lo sucedido.

Después de la vinculación a proceso de Antonio, este caso puede tener varios finales pues le queda mucho por delante aún. La PGJEG tiene la obligación de probar categóricamente sus acusaciones y la calidad de sus pruebas, de no ser así y si además no se disipan las presunciones de tortura e incluso de la participación de policías ministeriales en los hechos, estaríamos ante la peor crisis en la historia de la institución, y ante el más doloroso escenario.

No obstante, lo que se puede concluir desde ya, es que este ha sido un caso muy mal manejado por los actores institucionales vinculados. Este no es un tema menor porque esto, sea cual fuera el desenlace en los próximos meses, le resta legitimidad para seguir ejerciendo su mandato.

El poder judicial tiene en sus manos la oportunidad de hacer justicia poniendo orden y certeza en este lamentable caso. Hacemos votos porque se analicen las pruebas de manera exhaustiva y se tomen las decisiones adecuadas en estricto apego a las normas procesales y de derechos humanos.

La sociedad civil a nivel local, nacional e internacional estaremos al acecho como hasta ahora, exigiendo justicia y fiscalizando el proceso, porque lo mínimo que merece la memoria de los tres niños es verdad y justicia para garantizar que nunca más se repita una tragedia similar.

José Manuel Ramos Robles, consultor internacional especialista en derechos humanos

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