Un presidente sin juicio

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En Guatemala, tan cerquita, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a comienzos de esta semana a una solicitud de antejuicio en contra nada menos que del presidente en funciones de ese país, Otto Pérez Molina, quien en las semanas previas ha sido evidenciado, incluso con audios de por medio, a una red de corrupción de aduanas identificada como “La Línea”, en ese país.

La solicitud para este primer paso en un proceso judicial que enfrentaría el presidente guatemalteco provino del Ministerio Público o Fiscalía general.

Sí, se trata del defensor público que a nombre del Estado, y acompañado de la Comisión internacional contra la impunidad, pretende llevar al hombre investido con el cargo de titular del Ejecutivo a rendir cuentas por sus vínculos con la corrupción aduanera.

Esa Fiscalía general equivale (con letra de molde) a la Procuraduría general de la república en México, la PGR.

Uh.

Aunque hay que dejar en claro que el antejuicio implica que el mandatario no puede ser sometido a juicio sin la aprobación del Congreso guatemalteco (una especie de proceso de desafuero), la inconformidad pública y la voces desde todos los ámbitos sociales, demandan desde hace días la renuncia del presidente, con juicio y sin juicio.

Hasta los organismos empresariales guatemaltecos se han unido a esta exigencia.

Lo que equivale en México a las cámaras como Coparmex, Concamín, Canacintra.

Uh.

Fue el Ministerio Público el que reveló el audio de una conversación entre el presidente Otto Pérez Molina y el jefe de Superintendencia de Administración Tributaria

Además, también dio a conocer con precisión cómo y por quiénes fue integrada la red de corrupción aduanal, misma que partió de la oficina del presidente guatemalteco.

La historia salió a la luz en abril pasado, y a una velocidad que en México probablemente no veremos nunca, las instancias fiscalizadoras y de procuración de justicia han dado los pasos, al menos hasta lo que se ha visto, para develar los detalles, investigar y apuntar con dedo de fuego al presidente Pérez Molina, como cabeza de las operaciones de contrabando, lavado de dinero y defraudación presupuestaria manejadas por “La Línea”, además de los sobornos y otros actos ilícitos practicados como parte de dichas operaciones.

Por este caso, fue detenida la vicepresidenta Roxana Baldeti, en una acción inédita que para los guatemaltecos es un parteaguas en la vida política del país, lo que se traduce en cuatro palabras: fin de la impunidad.

En los días sucesivos al destape de la red, el gabinete de Pérez Molina ha quedado casi desmantelado, pues varios ministros han renunciado a sus cargos.

Ejemplos como éstos los hemos visto en los dos hemisferios del planeta: jefes de Estado que son llamados a cuentas, sea durante su ejercicio o de manera posterior a él, una vez que han surgido indicios que se convierten en prueba plena de corrupción, negligencia, o delitos de lesa humanidad.

Como bien podrían ser las miles de desapariciones (forzadas y no) de personas en México.

O los asesinatos de miles de jóvenes, o de las víctimas inocentes en la guerra contra el narco iniciada por el ex presidente Felipe Calderón.

O la caza de periodistas por el gobernador Javier Duarte de Ochoa en Veracruz.

O las relaciones peligrosas y claramente cuestionables entre los consorcios constructores favorecidos por el presidente Enrique Peña Nieto, incluso desde que era gobernador del Estado de México; el mandatario y su esposa Angélica Rivera, gracias a las cuales se han intercambiado residencias y contratos para obra pública millonaria entre ambas partes.

O los feminicidios y la gravísima omisión del gobierno del Estado de México…cuando estaba al frente Enrique Peña Nieto.

Sólo por citar algunos ejemplos, claro.

Qué lejos estamos de Guatemala.

 

 

Periodista en Guanajuato y la región del Bajío. Corresponsal del semanario Proceso. Integrante de la Red Nacional de Periodistas.

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