Urge un nuevo modelo de Fiscalía para Guanajuato

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México clama con urgencia por un sistema de Justicia que funcione para todas las personas sin distingos y no únicamente para los ricos y poderosos. La mayoría de la ciudadanía en el país no confía en las instituciones de justicia y por tanto, no hace uso del mismo cuando son víctimas de delitos. Lo anterior no se basa en una desconfianza ingenua, se basa en la experiencia vivida por la mayoría de los usuarios y en datos estadísticos crudos que evidencian una impunidad del 98% y un 94% de delitos no denunciados, según estadísticas oficiales del mismo INEGI.

La práctica internacional prueba que estados con fiscalías independientes, autónomas y eficaces tienden a fortalecer el estado democrático de derecho y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Contrariamente, los estados en los que no hay instituciones de justicia autónomas e independientes, tienden más a la opacidad, a ser susceptibles a la falta de transparencia y la proliferación de casos de corrupción.  Por ello, a través de la reforma  constitucional en 2014 se creó la Fiscalía General de la República (FGR) dotándosele de  autonomía constitucional e independencia de los tres poderes del Estado. Se concibe la  figura de un Fiscal General y se acuñan las fiscalías especializadas para la investigación y persecución de delitos electorales, de corrupción y para cualquier tema de alta sensibilidad en el contexto. Las constituciones políticas estatales se armonizaron en concordancia con esta reforma también.

El nacimiento de la Fiscalía General de la República y las fiscalías generales homólogas en los estados, es un hito en la historia moderna de México, pues pretende generar un sistema de contrapesos evitando que sean los poderes ejecutivos quienes asuman, como hasta ahora, exclusiva y directamente la potestad de la procuración de justicia. Lamentablemente, han pasado ya a más de 3 años y la reforma constitucional no ha entrado en vigor ni nivel federal ni en el Estado de Guanajuato. En contraste, el problema de la falta de autonomía e independencia, sumado a la ineficiencia operativa de la PGR y la PGJEG se hacen cada vez más patentes.

En el ámbito federal se han presentado más de 9 iniciativas legislativas, entre 2015 y 2017, para mejorar el texto constitucional reformado en aras de fortalecer la independencia y autonomía de la Fiscalía General de la República. En Guanajuato, sin embargo, se ha hecho bastante poco y no se ha abierto aún un diálogo legislativo fluido en este sentido.

Con la renuncia del Procurador General de la República hace unos días, se cerró la especulación de su transformación en el primer Fiscal General, o “Fiscal Carnal”, como el líder del PAN nacional le puso de mote durante la campaña abierta en la que promovió que no se diera su pase automático de titular de la PGR a la Fiscalía General.  No obstante, en el “microcosmos” de Guanajuato, el Gobierno del Estado (de extracción panista) no ha seguido la pauta del líder nacional de su partido, por el contrario, desde la Secretaría de Gobierno se han hecho comentarios desafortunados sobre la favorabilidad y oportunidad de que el titular actual de la PGR se convierta en el primero de la Fiscal General de Justicia del Estado (FGJE).  Es decir, en el Estado sigue abierta la posibilidad de un Fiscal Carnal.

 

Guanajuato está ante una oportunidad de oro para acuñar y dar vida a un nuevo modelo de Fiscalía. Para ello, se requiere de una actitud valiente y patriótica de la actual Legislatura del Congreso local, lo que de entrada implica dejar de lado los tradicionales juegos políticos y negociaciones que benefician más a pequeños grupos que a la población en general.

Ante esta oportunidad, puede plantearse una reforma adicional en el Estado que fortalezca la autonomía e independencia de la institución por nacer y que al mismo tiempo asegure su eficacia. Para ello, habría que reforzar el modelo de la FGJEG apuntando a: 1. Fortalecer las capacidades de investigación del ministerio público con un plan claro para ello; 2. Garantizar la participación activa de la sociedad civil en la propuesta de candidaturas idóneas; 3.  Desarrollar elementos clave para la selección de miembros y desarrollo de funciones del Consejo del Ministerio Público; 4. Robustecer los mecanismos de transparencia, auditoría social y rendición de cuentas; 5. Mejorar los criterios para la elegibilidad de los titulares de la FGJEG, entre los que deben destacar la probidad, calidad moral y no haber sido titular de la Procuraduría en el periodo previo a la creación de la Fiscalía; 6. Garantizar las condiciones mínimas para la autonomía y funcionamiento de las fiscalías especiales, tal como las especializadas en corrupción y delitos electorales y  7. Valorar la creación de una Fiscalía especializada en Derechos Humanos que responda a las necesidades imperantes del contexto estatal.

Urge un modelo de Fiscalía en Guanajuato que dinamice la procuración de Justicia, que sea cercana a la ciudadanía, que le devuelva la confianza y que haga una función de contraloría autónoma.

Hay luchas como esta que nos obligan a todos y todas a tomar un claro bando. Los políticos de todos los partidos políticos, el Gobernador del Estado, su Secretario de Gobierno, los diputados y diputadas e incluso el actual Procurador, deben distinguir claramente que el tema de una Fiscalía que sirva es un tema de estado y no de negociaciones y acomodamiento políticos. Deben ser conscientes de que su posicionamiento y decisión los va a ubicar ineludiblemente en un lado de la historia. Si dan la batalla, pueden salir con la dignidad a salvo o incluso como héroes, pero si no, serán recordados en esta historia como villanos y mercenarios.

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