Militares acusados de robo son perseguidos y bloqueados por ciudadanos en operativo civil

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Un grupo de militares del 16 Regimiento de Caballería Motorizada fue acusado de robar dinero en efectivo, dólares y teléfonos celulares durante una revisión a tres jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La situación fue denunciada en vivo a través de redes sociales, lo que detonó una movilización civil espontánea en la que cientos de ciudadanos bloquearon vehículos del Ejército Mexicano tras una persecución que duró más de tres horas.

El hecho ocurrió la noche del viernes, cuando Miguel Ríos García, comerciante y padre de uno de los jóvenes revisados, fue alertado por su hijo sobre el supuesto abuso. Según la denuncia, los soldados se llevaron 50 mil pesos, mil dólares y varios celulares. Ríos inició una transmisión en Facebook en la que siguió en tiempo real a los militares, quienes se desplazaban en un camión blindado y dos patrullas.

El seguimiento de los hechos se viralizó rápidamente y miles de personas en redes exigieron justicia, mientras cientos de ciudadanos salieron a las calles para interceptar a los elementos castrenses. Durante la huida, los soldados condujeron en sentido contrario, a exceso de velocidad y provocaron colisiones, incluida una contra el vehículo del denunciante.

La multitud logró bloquear dos unidades sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines. Ya acorralados, el oficial al mando reconoció haber realizado la revisión, aunque negó el robo. No obstante, devolvió mil dólares y dos mil pesos en efectivo, prometiendo entregar el resto más tarde.

Poco después llegó el coronel David González Carrasco, comandante del regimiento, quien según testigos evitó dar declaraciones, se negó a firmar acuerdos formales y mostraba signos de estar alcoholizado. “Olía a tomado… con sus cubitas… así se le notaba”, relató un ciudadano que presenció el momento. Finalmente, el coronel ofreció cubrir el dinero faltante y los daños al auto de Ríos, tras negociar directamente con él a bordo de una camioneta.

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El abogado Roberto Puente, representante legal de la familia, anunció que interpondrán una denuncia formal por abuso de autoridad, robo y los delitos que resulten. Miguel Ríos también fue claro: “Aunque me arreglen la troca y me entreguen lo prometido, la denuncia sigue. Esto no es de hoy, es un patrón constante de abusos de su parte”.

Para muchos, la acción de los ciudadanos representa un acto de resistencia civil contra la impunidad. La Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido postura oficial al respecto, mientras crecen las exigencias sociales de sancionar a los responsables.

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