Durante el primer semestre de 2025, Guanajuato se convirtió en el estado con mayor incidencia de extorsión en México, de acuerdo con el más reciente informe del Monitor de Seguridad de Coparmex. La organización empresarial alertó sobre el avance sostenido de este delito, que afecta especialmente a empresas y comercios.
El reporte señala que ocho municipios guanajuatenses se encuentran entre los veinte más afectados del país: Salamanca, San Miguel de Allende, Guanajuato capital, Irapuato, Apaseo el Grande, San Luis de la Paz, Salvatierra, Celaya y Dolores Hidalgo.
Con una tasa de 24.1 víctimas por cada 100 mil habitantes, Guanajuato encabeza el ranking nacional, seguido de Morelos (17.6%) y el Estado de México (16.7%).
Aunque el gobierno estatal ha implementado estrategias contra este delito, y la gobernadora Libia Dennise García ha pedido apoyo federal para frenar las extorsiones telefónicas provenientes de cárceles fuera del estado, el fenómeno sigue al alza.
En lo que va del año, se han registrado 5,887 denuncias formales, el mayor número desde que hay registros, superando el pico de 2022. La cifra representa un incremento del 6.9% respecto al mismo periodo de 2024 y un 83% más que en 2015.
Pese a estos números, la realidad podría ser mucho más grave. Según Coparmex, el 96.7% de los casos no se denuncia, lo que convierte a la extorsión en uno de los delitos con mayor cifra negra del país.
El presidente nacional del organismo, Juan José Sierra Álvarez, advirtió que esta situación amenaza la actividad económica: “No puede haber inversión ni desarrollo sin seguridad ni certeza jurídica”, señaló.
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Además del impacto financiero, las extorsiones imponen un clima de temor que desalienta la operación de negocios formales, especialmente micro y pequeñas empresas.
Ante esta situación, Coparmex ha urgido al Congreso a aprobar una Ley General de Extorsión, que permita homologar los criterios legales en todo el país y cerrar las puertas a la impunidad. La organización también respalda la creación de Unidades Antiextorsión especializadas, con capacidad para hacer inteligencia criminal y atender modalidades más complejas, como las extorsiones por teléfono o redes sociales.
También insisten en reforzar el uso de la línea 089 de denuncia anónima, para que más víctimas se sientan seguras de reportar y aportar información clave.
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Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia del organismo, lo resume con una advertencia: “Este delito mina la confianza, impone costos ilegales y frena el crecimiento económico. Urge una respuesta firme y sin tolerancia”.
