Las políticas migratorias del presidente Donald Trump están dejando secuelas visibles en sectores esenciales de la economía estadounidense. Las redadas masivas, el endurecimiento de controles y el uso del miedo como herramienta están provocando despidos sin compensación, granjas paralizadas y obras detenidas, según denuncias de empresarios, trabajadores y activistas. La agricultura, la construcción, el turismo y la industria alimentaria son los sectores más golpeados por esta crisis laboral.
Expertos advierten que se está utilizando la incertidumbre migratoria para despedir incluso a empleados con décadas de experiencia. La situación ya está impactando el ritmo económico del país, y podría frenar el crecimiento a nivel nacional. Las consecuencias son claras en granjas, tambos lecheros y empacadoras de carne, donde la pérdida de personal ha generado una reducción crítica en la capacidad operativa de las empresas.
Para Matt Teagarden, director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de Kansas, las autoridades federales “no tienen idea de cómo opera una granja”. Señala que perder más de la mitad de la fuerza laboral de un día para otro hace imposible continuar con las operaciones. La presión también se extiende a trabajadores con permisos temporales, quienes temen por sus familiares indocumentados y evitan salir a trabajar.
En el sector de la construcción, Jim Tobin, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, informó que muchas empresas reportan ausencias masivas de trabajadores, lo que provoca retrasos y aumento de costos en las obras. Mientras tanto, el gobierno afirma que sus operativos se enfocan en indocumentados, que representan apenas el 4 % de la fuerza laboral, pero en la práctica también se ven afectados estudiantes con visa, refugiados y beneficiarios de permisos temporales.
La situación ha encendido alertas entre empresarios, quienes advierten que una producción reducida generará más inflación. “Tenemos que elegir: o usamos trabajadores importados o importamos los alimentos”, declaró Teagarden, reclamando una reforma migratoria profunda para garantizar una fuerza laboral estable y legal.
En Elgin, Illinois, una fábrica despidió a 300 trabajadores tras recibir una llamada de ICE, según denuncias de activistas. “Están usando el miedo para deshacerse de empleados con más de 20 años de experiencia”, dijo Cristóbal Cavazos, del Immigrant Solidarity y Centro de Trabajadores Casa DuPage, quien calificó esta política como una “verdadera arma de destrucción masiva”.
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El impacto económico de estas acciones es evidente. Stuart Anderson, del National Foundation for American Policy, advirtió que el país enfrenta una desaceleración económica vinculada directamente a la pérdida de trabajadores. Un informe del Banco de la Reserva Federal de Dallas prevé una reducción de casi un punto porcentual en el crecimiento económico de EU este año por las restricciones migratorias, estimando un crecimiento del 1.5 % en 2025, frente al 3 % de los años previos.
Datos del American Immigration Council revelan que en 2022 el 14 % de los empleados en construcción eran indocumentados, así como el 15 % en agricultura y el 7.6 % en hotelería. La ausencia de estos trabajadores afecta directamente la producción y el ingreso nacional. Según Robert Bruno, de la Universidad de Illinois, esto genera pérdidas significativas de PIB y desencadena efectos en cadena en otras industrias relacionadas.
Este tipo de crisis no es nueva. En la década de 1940, una situación similar dio origen al Programa Bracero, un acuerdo binacional que permitió contratar legalmente a millones de mexicanos mediante contratos temporales. Hoy, muchos consideran que una solución similar podría ser necesaria para enfrentar la actual crisis de mano de obra.
