El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este miércoles la imposición de sanciones contra cuatro personas y 13 empresas mexicanas operando cerca de Puerto Vallarta, señaladas por estar vinculadas al fraude de tiempo compartido dirigido principalmente a ciudadanos estadounidenses, en particular a personas mayores.
Las autoridades estadounidenses señalaron que estas operaciones están ligadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal que ha sido clasificada como organización terrorista extranjera (FTO) por el gobierno de EU. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el objetivo es atacar todas las fuentes de financiamiento de estos grupos: “Venimos por cárteles terroristas como el CJNG, que están inundando nuestro país con fentanilo y también por sus fraudes que afectan a estadounidenses vulnerables”.
El fraude de tiempo compartido consiste en estafas sofisticadas ejecutadas desde centros de llamadas ubicados en México, donde se contacta a propietarios de bienes raíces vacacionales —en su mayoría estadounidenses— con la promesa de ayudarles a recuperar dinero o vender sus propiedades. A cambio, se les exige el pago anticipado de “impuestos” o comisiones falsas, sin que exista una transacción real, provocando pérdidas millonarias.
Los individuos sancionados este miércoles son Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudino Haro y Michael Ibarra Díaz Jr., todos ellos identificados por su relación directa o indirecta con el CJNG y con estas prácticas fraudulentas. Las sanciones fueron emitidas bajo órdenes ejecutivas que permiten al gobierno estadounidense bloquear todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense.
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Las 13 empresas sancionadas están registradas como parte de una red operativa vinculada al CJNG e incluyen negocios en los sectores de tiempo compartido, bienes raíces, turismo, servicios automotrices y contabilidad. Estas compañías operaban en apariencia como negocios legales, lo que facilitaba el engaño a las víctimas, especialmente al contar con personal que dominaba el inglés y simulaba ofrecer servicios legítimos.
Entre 2019 y 2023, el FBI reportó que más de 6,000 víctimas cayeron en este tipo de fraude, con pérdidas acumuladas cercanas a los 300 millones de dólares. Tan solo en 2024, ya se han registrado más de 900 quejas por esta modalidad, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares, aunque las autoridades creen que muchas víctimas no denuncian por vergüenza o desconocimiento.
Con las sanciones emitidas, todos los bienes y activos en posesión de estas personas y empresas que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados. También se prohíben todas las transacciones comerciales con estas entidades, salvo que exista una licencia específica otorgada por la OFAC.
El Tesoro advirtió que el incumplimiento de estas restricciones puede acarrear sanciones civiles o penales, tanto para personas físicas como para empresas. Además, instituciones financieras extranjeras que realicen operaciones con estas entidades también podrían enfrentar sanciones secundarias si se determina su participación.
