
La creciente crisis de embarazo adolescente en México tiene como raíz profunda la falta de educación sexual integral desde la niñez y una preocupante tolerancia social hacia relaciones con hombres adultos, coincidieron expertas en derechos sexuales y reproductivos.
La mayoría de estos embarazos tienen como origen situaciones de violencia sexual, en un entorno donde niñas y adolescentes carecen de herramientas de autocuidado, información básica y protección institucional efectiva.
Para Anahí Rodríguez, activista por los derechos reproductivos y menstruales, parte del problema se origina en la ausencia de contenidos claros y adecuados sobre educación sexual en las escuelas primarias, situación que se ve agravada por la resistencia de la sociedad y del Estado a permitir que estos temas se aborden abiertamente.

Según explicó, la presión social impide que las y los docentes aborden estas materias por miedo a ser señalados de fomentar conductas inapropiadas. “Es la falta de una educación sexual integral desde la primaria, y eso también es responsabilidad del Estado y de la sociedad, que no permite que niñas y niños aprendan por miedo a que haya promiscuidad”, señaló.
Jazmín Quesada, trabajadora social e investigadora independiente, agregó que muchas menores no cuentan con los conocimientos necesarios para identificar situaciones abusivas y, por lo tanto, no pueden protegerse.
En su experiencia, entre el 75% y el 80% de los agresores sexuales de niñas y adolescentes son familiares cercanos. Además, destacó que desde edades tempranas se inculca una obediencia ciega hacia los adultos, lo cual perpetúa el ciclo de violencia. “Se les enseña a no decir que no, a no gritar, a hacer lo que los adultos digan, y esas imposiciones familiares las dejan vulnerables”, afirmó.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023 revelan que el 52% de las adolescentes de entre 12 y 19 años no sabe que el condón masculino previene embarazos y enfermedades de transmisión sexual, lo que refleja una grave falla en la política pública de prevención.
Para Quesada, el problema tiene también un trasfondo socioeconómico, pues en varias comunidades se toleran las relaciones entre niñas y hombres adultos siempre y cuando el hombre cumpla con el rol de proveedor económico. En muchos casos, la familia permite estas uniones como una vía para aliviar la carga económica, sobre todo en hogares donde hay varios hijos y escasos recursos.
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Pese a que la legislación mexicana permite la interrupción del embarazo en casos de violación según la norma oficial NOM046, sin que sea necesario el permiso de los padres, en la práctica muy pocas adolescentes acceden a este derecho, señalaron las especialistas. La respuesta institucional ante estos casos suele ser tardía o inexistente, dejando a las menores en una situación de alta vulnerabilidad.
Según Hiliana Romo, coordinadora del Centro de Atención a la Adolescente Embarazada del Hospital Civil, en lo que va de 2025 han recibido a 153 niñas embarazadas, muchas de las cuales enfrentan un entorno de violencia de pareja y la sensación de que su proyecto de vida ya no es posible. “Para ellas su proyecto de vida se acabó y esto tiene implicaciones en la violencia que están dispuestas a aceptar”, explicó.




