Ocho escoltas vinculados a Diego Estefanía Torres, director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar (JAPAC), Guanajuato, fueron sentenciados a prisión tras ser detenidos en Querétaro por la portación de armamento exclusivo del Ejército mexicano, sin la documentación legal correspondiente.
La detención ocurrió el pasado 30 de julio, cuando elementos de la Policía Estatal de Querétaro (PoEs) interceptaron a los escoltas en la colonia El Prado, en la capital queretana. Los individuos circulaban en camionetas blindadas sobre avenida Ignacio Zaragoza, cerca de las instalaciones de la Secretaría del Trabajo Federal.
Durante la inspección, las autoridades encontraron armas de fuego y cartuchos restringidos por la ley mexicana a las Fuerzas Armadas. Ninguno de los ocupantes presentó documentación válida que acreditara la posesión legal del armamento, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.
La investigación fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Querétaro, la cual determinó que los escoltas eran responsables de delitos federales por la portación ilegal de armas y municiones de uso exclusivo del Ejército.
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Como resultado del proceso judicial, un juez federal dictó penas diferenciadas. Cinco de los acusados fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión, además de una multa equivalente a 66 días de salario mínimo. Los otros tres escoltas recibieron una pena de cuatro años de prisión y deberán cubrir una multa de 74 días de salario mínimo, conforme a la legislación vigente.
Estas condenas refuerzan la postura de las autoridades federales sobre el uso indebido de armamento exclusivo de uso militar, subrayando la importancia de mantener estricta vigilancia en temas de seguridad pública y legalidad en el uso de armas en el país.
