Los diputados del PAN y PRD propusieron este jueves endurecer el castigo a extorsionadores, imponiéndoles prisión preventiva.
La propuesta modifica el artículo 9 de la Constitución estatal, incorporando expresamente la extorsión como delito grave que amerita prisión preventiva automática por mandato judicial.
Las y los legisladores argumentaron que la extorsión daña de manera directa la economía familiar y empresarial, fortaleciendo estructuras criminales y debilitando la confianza en instituciones públicas.
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Al elevar la extorsión al mismo nivel que homicidio, secuestro o feminicidio, el Congreso envía un mensaje de protección a comerciantes, empresarios y sociedad civil.
La propuesta reconoce que mujeres, pequeños negocios y trabajadoras del sector informal son víctimas frecuentes de extorsión, lo que justifica medidas penales más severas y firmes.
“El gobierno nacional ha enviado señales de que el delito de extorsión es prioritario y desde lo local se ha acompañado”, dijo el diputado Juan Carlos Romero Hicks.
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También advirtió que la prisión preventiva oficiosa no basta por sí sola: “Este es un mensaje muy importante para preguntarnos qué estamos haciendo y qué dejamos de hacer”.
La reforma también actualiza el artículo 31 de la Constitución estatal, para prohibir intervenciones extranjeras que lesionen la integridad o independencia de Guanajuato en cualquier forma.
Esa disposición replica lo aprobado en la Constitución Federal, asegurando que cualquier cooperación internacional en investigaciones solo ocurra con autorización expresa del Estado mexicano.
