En Guanajuato, la infancia es territorio en disputa. Entre 10 mil y 18 mil niñas, niños y adolescentes estuvieron en riesgo de ser reclutados o utilizados por el crimen organizado durante 2020. Para muchos de ellos, la niñez termina cuando el cártel llama. No hace falta uniforme ni entrenamiento: basta con vivir en pobreza, estar abandonado o crecer en un entorno de violencia para ser elegible.
El diagnóstico lo presentó Rebeca Aguayo Sánchez, representante regional de REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México), quien expuso cómo factores estructurales —pobreza extrema, abandono institucional, violencia familiar y falta de oportunidades reales— dejan a miles de menores al alcance de los grupos criminales.
Y el problema no solo es quién los recluta, sino dónde. En el Coloquio Multidimensional sobre diagnósticos sociales, el activista Juan Martín Pérez García, de la Red Latinoamericana Tejiendo Redes de Infancia, lanzó una advertencia clara: los centros de rehabilitación, conocidos como “anexos”, se han convertido en fábricas de soldados para el narco. Sin personal médico, sin protocolos profesionales y, en muchos casos, operando con el aval del silencio institucional, estos lugares funcionan como semilleros de jóvenes vulnerables al control criminal.
“Los anexos no rehabilitan. Son escuelas de reclutamiento. Un cártel tiene a estos jóvenes disponibles… y sin el respaldo de sus familias”, denunció.
Los testimonios y los datos coinciden: muchos menores que buscan ayuda para salir de las adicciones terminan atrapados por el crimen organizado. En algunos casos, su desenlace es fatal. Solo en lo que va de 2025, 19 personas han sido asesinadas en ataques armados contra anexos en la entidad. El más reciente ocurrió el 2 de septiembre, en el centro ‘Alfa Fortaleza’ de Dolores Hidalgo, donde murieron tres jóvenes. El patrón se repite. La respuesta oficial, no.
Katya Soto Escamilla, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Guanajuato, aseguró que el estado ha destinado más de 33 mil millones de pesos a programas de protección a la infancia, involucrando a distintas dependencias. Pero los centros continúan operando bajo modelos improvisados, con 334 instalaciones de este tipo, de las cuales solo 275 tienen aviso de funcionamiento.
Los niños no son reclutados para convertirse en líderes. Son usados. Son herramientas. Son desechables. Según REDIM y Tejiendo Redes, los menores son enviados a cumplir funciones de halconeo —vigilar calles y reportar movimientos de las fuerzas de seguridad—, y a partir de los 13 años, algunos comienzan a realizar tareas más peligrosas, dependiendo del cártel, el territorio y su fortaleza física.
“No los entrenan para ser el próximo Chapo. Los necesitan para cubrir las tareas sucias. Si no sobreviven al primer nivel, simplemente los reemplazan”, afirmó Pérez García.
A veces, el reclutamiento comienza a los 8 años. A esa edad, ya pueden portar un celular y aprender a detectar patrullas. A los 14, tal vez ya porten un arma. Pero no importa cuán rápido maduren o qué tanto resistan: la esperanza de vida de un niño reclutado es corta. Depende del grupo, del rol que cumpla y de cuán útil sea para la estructura criminal.
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La crueldad también varía. Mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación es más agresivo y frontal, mafias locales como el cártel de Santa Rosa de Lima mantienen control territorial, pero con la misma lógica de uso y descarte.
Y lo más grave: en México, reclutar a un menor para el crimen organizado no es delito. Pérez García recordó que desde 2011, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha exhortado al Estado mexicano a tipificar este acto como crimen, petición que se repitió en 2015 y 2024. Ningún gobierno ha atendido el llamado.
“Sin delito, no hay estadística. Sin estadística, no hay presupuesto. Sin presupuesto, no hay política pública. Y sin política pública, los niños siguen cayendo”, advirtió.
Mientras tanto, miles de menores en Guanajuato siguen siendo reclutados en silencio. No porque no haya pruebas. Sino porque no hay leyes que los protejan.
