Una red de empresas fantasma, contratos simulados y prestanombres fue el mecanismo mediante el cual José Juan Galguera Martínez, exdirector del Hospital Ángeles León, desvió más de 60 millones de pesos de los recursos institucionales hacia cuentas personales y familiares.
Según la indagatoria encabezada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el eje de la operación fue la compañía AS Integra Recursos y Servicios en Salud de RL de CV, una razón social que nunca estuvo registrada formalmente ante la Secretaría de Economía, pero que se presentó como proveedora de servicios médicos subrogados para el hospital.
Con esta fachada, Galguera Martínez logró que se simularan contratos de prestación de servicios, a través de los cuales se canalizaron recursos públicos hacia cuentas bancarias de personas de su círculo más cercano. El dinero salió del hospital en pagos aparentemente legítimos, pero con facturas y servicios que nunca se prestaron.
Los registros financieros muestran que más de 32 millones 800 mil pesos fueron depositados en cuentas abiertas en BanBajío y Actinver, desde donde posteriormente se dispersaron a otras cuentas vinculadas con familiares de los implicados. Las operaciones tienen un rastro claro de segmentación, dispersión y ocultamiento, típicos de esquemas usados para lavado de dinero.
Entre los beneficiarios directos de esta estructura aparecen Manuel Fernández Lamas, exdirector de Servicios Clínicos, su esposa María Ángela Pedro Castelo, exjefa de la Clínica de Diagnóstico, y su hija Sofía Fernández. Los tres figuran como socios activos de AS Integra, lo que indica una participación deliberada y estructurada en el esquema de desvío.
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Además, una parte significativa de los recursos fue transferida a cuentas a nombre de la esposa de Galguera, Loreta Roel Trigos, y de sus hijos Rodrigo, Juan Pablo y Santiago Galguera Roel, lo que fortaleció la hipótesis de que el dinero fue dirigido a un núcleo familiar cuidadosamente tejido para blindar el rastro del dinero.
Las autoridades lograron documentar los movimientos bancarios, la creación irregular de las empresas y la relación directa entre los contratos emitidos y los beneficiarios reales. Por la complejidad del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) ya atrajo la carpeta y la reclasificó como un posible caso de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
