El periodista Pavel Cervantes recibió amenazas luego de publicar un video relacionado con un tiroteo en la colonia San Rafael, en San Miguel de Allende, Guanajuato. El comunicador informó que retiró el contenido por razones de seguridad personal, tras recibir intimidaciones de uno de los presuntos involucrados en el hecho violento.
Durante el último año, Guanajuato ha acumulado 147 agresiones contra periodistas, entre ellas dos asesinatos y numerosos casos de hostigamiento. Diversas organizaciones advierten sobre un patrón creciente de violencia y censura contra la prensa en la entidad, sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
El nombre del alcalde Mauricio Trejo Pureco figura entre los señalados por actos de hostigamiento contra periodistas. En junio de 2024, durante un acto público, el edil incitó a agresiones verbales contra una comunicadora local. La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos emitió recomendaciones en su contra, sin consecuencias visibles hasta la fecha.
Datos de la organización ARTICLE 19 ubican a Guanajuato como el quinto estado con más agresiones contra la prensa en lo que va del año. Se documentaron al menos 32 ataques en 2024, incluidos dos asesinatos. El informe destaca que la impunidad es una constante en estos casos, lo cual perpetúa los riesgos para quienes ejercen el periodismo.
El mensaje publicado por Pavel Cervantes, “Por amenazas de uno de los involucrados en el tiroteo de la San Rafael bajé el video de la nota”, ha sido interpretado por el gremio como una muestra clara de censura forzada. Especialistas advierten que este tipo de presiones, motivadas por el temor a represalias, afectan directamente el derecho a la información de la ciudadanía.
La situación representa tres dimensiones críticas: intimidación directa contra un comunicador, autocensura provocada por amenazas y una falta de mecanismos de protección eficaces para periodistas en zonas de riesgo. La conjunción de estos factores genera un entorno adverso para el ejercicio libre del periodismo.
El contexto en Guanajuato se ha deteriorado en los últimos años. En agosto de 2024, el periodista Alejandro Martínez, conocido como “El Hijo del Llanero Solitito”, fue asesinado a balazos en Celaya mientras era escoltado por policías viales. En junio, se reportó el hallazgo de los restos de Víctor Manuel Jiménez Campos, desaparecido desde 2020, sin avances relevantes en la investigación.
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En el ámbito local, persisten los señalamientos contra funcionarios públicos. La periodista Ana Luz Solís denunció agresiones verbales por parte del alcalde de San Miguel de Allende. El caso derivó en una carpeta de investigación y en dos resoluciones de la Procuraduría de Derechos Humanos del estado, aunque sin resultados contundentes hasta el momento.
Frente a esta situación, medios de comunicación y organizaciones de defensa de la libertad de expresión exigen a las autoridades acciones inmediatas para proteger a Pavel Cervantes y evitar nuevos casos de censura por intimidación. También solicitan un compromiso público por parte de los gobiernos municipal, estatal y federal para garantizar el ejercicio libre del periodismo.
A nivel estatal, se solicita a la gobernadora de Guanajuato el fortalecimiento del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y el avance en investigaciones relacionadas con agresiones a comunicadores. En el plano federal, se pide que los mecanismos existentes operen eficazmente en entidades con altos niveles de riesgo como Guanajuato.
La comunidad periodística en la entidad advierte que la violencia contra la prensa no es un hecho aislado, sino parte de una crisis estructural que amenaza el derecho a la información, la libertad de expresión y la democracia misma.
