Irregularidades y nexos familiares marcan licitación millonaria de patrullas en Irapuato

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Un contrato por 170 millones de pesos para el arrendamiento de 66 vehículos destinados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato quedó en manos de la empresa TEB Transportes Empresariales del Bajío S.A. de C.V., en un proceso que ha generado sospechas de conflicto de interés y presunta triangulación empresarial entre los participantes.

De acuerdo con la resolución oficial del Comité de Adquisiciones del Municipio, la licitación pública nacional LPN-05/2025 fue adjudicada a TEB por ser la oferta más económica frente a un presupuesto original de 198 millones de pesos.

El contrato contempla la entrega de 66 unidades:

  • 15 Ford Explorer Interceptor Police (patrulla)
  • 13 Nissan V-Drive (patrulla vial)
  • 13 motocicletas Suzuki V-Strom 650 (patrulla vial)
  • 1 Jeep Cherokee blindada nivel III con estrobos
  • 1 Chevrolet Tahoe HC blindada nivel V con estrobos
  • 3 ambulancias tipo 2 para urgencias de tránsito
  • 3 camionetas Ford F-150 4×4

La empresa TEB definirá el orden de entrega de las unidades, en tres etapas con pagos mensuales diferenciados:

  • 30 de septiembre: Unidades con 39 pagos mensuales.
  • 31 de octubre: Unidades con 38 pagos mensuales.
  • 30 de noviembre: Unidades con 37 pagos mensuales.

El pago será proporcional al número de unidades entregadas en cada periodo.

Sin embargo, una investigación independiente reveló que el proceso estuvo plagado de irregularidades, comenzando por el hecho de que la empresa ganadora modificó su objeto social apenas un mes antes de iniciarse el proceso de licitación, lo que le permitió participar legalmente en el arrendamiento, según consta en el Registro Público del Comercio.

Además, se documentaron vínculos familiares y comerciales entre los socios y directivos de TEB y otras empresas que también participaron en la licitación. Entre los nombres que se repiten en distintas razones sociales están José Antonio Mata Villanueva, José Refugio Mata Villanueva y César Eloy Rivera Mata, quienes estarían relacionados directa o indirectamente con al menos tres de las compañías involucradas en el proceso: TEB Transportes Empresariales del Bajío, Transportes ACNA y Ritrema S.A. de C.V.

Documentos oficiales revelan que José Refugio Mata Villanueva, propietario de Transportes ACNA, factura sus servicios a través de TEB, que a su vez está vinculada a José Antonio Mata Villanueva, quien se promueve como directivo de ACNA. Por su parte, César Eloy Rivera Mata, exsocio de TEB, figura actualmente como administrador único de Ritrema, otra empresa en la licitación, lo cual contraviene el artículo 157 del Reglamento de Adquisiciones de Irapuato, que prohíbe la participación de empresas relacionadas entre sí en un mismo proceso.

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Pese a estas conexiones y antecedentes, la autoridad municipal no descalificó a las empresas señaladas y, por el contrario, permitió que avanzaran hasta la etapa final, donde solo quedó TEB como “ganadora legítima”. Cabe señalar que el fallo oficial se notificó el 9 de septiembre, aunque previamente el dictamen técnico se realizó a puerta cerrada por integrantes del Comité de Adquisiciones, presidido por la oficial mayor Ana María Flores Bello.

El secretario de Seguridad, Luis Ricardo Benavides Hernández, y el tesorero municipal, Miguel Ángel Fonseca Gutiérrez, fueron quienes impulsaron el arrendamiento, con una justificación basada en la necesidad de renovar y ampliar el parque vehicular de la corporación de seguridad.

No es la primera vez que nombres como los de Mata Villanueva y sus empresas aparecen en procesos públicos. En 2018, José Antonio Mata Villanueva fue denunciado por agredir físicamente a un empleado de su empresa, Transportes ACNA, la misma marca con la que ahora se vincula a TEB.

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Dadas las conexiones empresariales y familiares entre los participantes, y el contexto en que se modificó el objeto social de la empresa ganadora justo antes del proceso, diversos sectores ya solicitan una revisión exhaustiva del contrato. Algunos incluso piden que se declare desierta la licitación, alegando que el procedimiento fue maquinado para beneficiar a un grupo específico, presuntamente con conocimiento o complicidad de funcionarios municipales.