En la primera sesión ordinaria de la 66 Legislatura, el Congreso de Guanajuato aprobó una reforma al artículo 73 de la Constitución que busca combatir la extorsión, un delito que en el país ha mostrado un incremento alarmante en los últimos años.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia señaló que solo en el primer semestre de 2025 se registraron 5,887 víctimas de extorsión en México, lo que representa un aumento del 83% en la última década, y destacó la necesidad de una Ley General que unifique criterios, tipifique sanciones y establezca mecanismos de atención efectiva.
Tiscareño Agoitia explicó que la extorsión ha dejado de ser un fenómeno aislado y ahora afecta a familias, comerciantes y empresarios, convirtiéndose en un problema estructural que requiere una respuesta legislativa integral.
Durante la sesión, los diputados Juan Carlos Romero Hicks, Alejandro Arias Ávila y Rodrigo González Zaragoza respaldaron la iniciativa. Romero Hicks destacó que la extorsión genera un clima de miedo, inhibe la inversión y paraliza actividades económicas, al tiempo que los grupos delictivos lo utilizan como un mecanismo de control social y económico.
Por su parte, Arias Ávila alertó sobre la cifra negra del delito, que alcanza el 97%, es decir, casi todos los casos no se denuncian y quedan impunes. Señaló que la solución requiere un enfoque integral que incluya educación, promoción de denuncias y fortalecimiento del sistema judicial.
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El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor destacó que en Guanajuato la extorsión pasó de 10 casos en 2015 a 1,222 en 2024, situando al estado entre los más afectados. Señaló que la reforma permitirá al Congreso de la Unión crear la Ley General de Extorsión, con la colaboración de los congresos locales.
Finalmente, el diputado Rodrigo González Zaragoza enfatizó que la extorsión vulnera los derechos de los ciudadanos y que es responsabilidad de los legisladores dotar a las autoridades de seguridad de herramientas eficaces para combatir este delito de manera coordinada y efectiva.
