El Gobierno estatal reforzó la vigilancia tras el decomiso millonario de huachicol en Silao y amplió su estrategia para contener el huachicol fiscal dentro del estado.
La gobernadora Libia García declaró que ese aseguramiento motivó una revisión integral sobre el mercado energético, especialmente en empresas que operan con estructuras legales simuladas.
El Ejecutivo estatal explicó que muchas compañías aparentan cumplir normatividad, pero comercializan combustible sin documentación válida, situación que altera precios y debilita ingresos destinados a programas públicos.
Libia García afirmó: “Hoy enfocamos esta estrategia”, y destacó coordinación directa con la FGR, Hacienda y Pemex para rastrear flujos financieros y vínculos empresariales sospechosos.
Las dependencias acordaron auditorías conjuntas, revisión de inventarios y cruces bancarios que permitirán identificar beneficiarios finales y rutas de distribución utilizadas por redes ilícitas.
El gobierno realizó inspecciones en estaciones, bodegas y centros logísticos para verificar permisos y confrontar registros volumétricos con facturación declarada ante autoridades fiscales competentes.
La administración señaló que parte del combustible incautado en Silao provenía de este esquema paralelo donde convergen transporte, almacenamiento y venta sin acreditación oficial.
Libia García destacó que el operativo representó un avance tangible dentro del combate a la corrupción energética: “El trabajo conjunto ofrece resultados y transparencia”, señaló.
El Ejecutivo estatal instaló mesas técnicas con autoridades hacendarias y representantes del sector energético para definir criterios de supervisión y control documental uniforme.
El gobierno planea mantener comunicación constante con Pemex, la FGR y organismos empresariales para consolidar un marco de legalidad y evitar reincidencias dentro del sistema comercial.
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Libia García insistió en que la vigilancia debe sostenerse porque cada decomiso demuestra la necesidad de fortalecer controles financieros y auditorías dentro del abasto regional.
El Estado continuará acciones hasta desarticular redes simuladas, asegurar cumplimiento tributario y garantizar competencia legítima entre distribuidores que operan conforme a las reglas establecidas en Guanajuato.
