Petroil afirmó que mantiene operaciones legales en Guanajuato y aclaró que el combustible que distribuye proviene de proveedores nacionales autorizados bajo canales formales con trazabilidad documentada.
La empresa aseguró que colabora directamente con autoridades federales y estatales para acreditar el origen del producto y defender su reputación frente a especulaciones mediáticas.
Roberto Francisco Campillo, director jurídico, informó que Petroil entregó documentación fiscal y logística que acredita la compra legal del combustible, con inventarios respaldados por comprobación oficial.
Campillo declaró que la planta inaugurada en Silao genera más de noventa empleos y abastece a industrias estratégicas del corredor automotriz instaladas en Guanajuato.
El directivo destacó que la confusión pública surgió porque la sociedad mantiene alta sensibilidad por el huachicol y replicó información sin conocimiento técnico ni criterios jurídicos.
Petroil pidió objetividad durante la investigación y solicitó distinguir entre empresas formalmente reguladas y establecimientos clandestinos que comercializan combustible ilegal sin permisos de distribución.
La compañía reiteró que confía en la autoridad y espera la conclusión del proceso para continuar su operación normal dentro del corredor logístico del Bajío.
El decomiso que detonó la controversia ocurrió el 18 de octubre cuando autoridades federales aseguraron un cargamento valuado en más de 30 millones de pesos.
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El combustible asegurado ascendió a un millón seiscientos setenta y cinco mil litros y formó parte de una diligencia integrada dentro de una carpeta de investigación vigente.
El operativo sucedió en inmuebles ubicados cerca de la planta de Petroil, lo que generó interpretaciones ciudadanas que vincularon erróneamente a la distribuidora con el aseguramiento.
La magnitud del decomiso fortaleció las acciones contra el contrabando en el corredor industrial y aceleró verificaciones dentro de empresas localizadas en los alrededores del aseguramiento.
Autoridades mantienen la investigación abierta para ubicar redes de abastecimiento ilegal, mientras la compañía exige aclaraciones públicas que eviten daños comerciales y confusión social.
