Guanajuato.- El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó las reformas a la Ley de Hacienda para fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública, al establecer un nuevo modelo normativo que incremente la claridad en el uso de los recursos recaudados y fomente la participación ciudadana en su supervisión. Esto, a través de Tocando Corazones.
Las modificaciones contemplan que los ingresos que se obtengan por la recaudación del impuesto sobre nóminas se destinará el equivalente al 0.2 por ciento para la creación y funcionamiento de un proyecto de inversión con fines de desarrollo social y humano; junto a que los ingresos que se obtengan por dicha recaudación se destine un equivalente al 0.1 por ciento para la realización de proyectos de inversión relacionados con el fortalecimiento de la seguridad pública.
Al hablar a favor, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta expresó que a raíz del conflicto que surgió con el FIDESSEG se buscó construir un nuevo esquema que permitiera servir de mejor manera a la ciudadanía con el modelo denominado “Tocando Corazones” con un impacto regional sin intermediarios, más transparente y con mejor rendición de cuentas, lo que permitirá supervisar que cada peso del dinero público llegue a mejorar la calidad de vida en Guanajuato.
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El legislador agregó que el dictamen incluye el cómo administrar el impuesto sobre la nómina que representa el principal ingreso para el Estado por alcanzar a ser el 79.5% del ingreso total de la entidad, junto a que se ha venido mejorando la capacidad de ingresos debido a que en el 2018 el impuesto sobre la nómina la autonomía fiscal era del 8% y para 2024 se duplicó en un 15%.
Finalmente, señaló que el voto en positivo de la propuesta ayudará a brindar a los más de 6 millones de personas que habitan en el estado un programa que en verdad llegue a tocar los corazones de todo Guanajuato.
Por su parte, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco precisó que el dictamen en comento busca asegurar que el 0.2% de lo que obtenga del impuesto de nóminas sea destinado a un proyecto de inversión con fines de desarrollo social y humano; y el 0.1% con el fortalecimiento de seguridad pública, que ya había sido propuesto por su bancada y en su momento se negó.
Celebró que se haya cambiado de opinión y que la reforma haya contado con la participación de todas las fuerzas políticas. Agregó que con esa reforma se beneficia a las y los guanajuatenses, ganan las asociaciones civiles y gana Guanajuato.
Pedroza Orozco reiteró que son una plataforma de escucha y diálogo, que busca construir un Guanajuato fuerte y próspero junto con la participación social; que seguirán impulsando la defensa de los mecanismos de participación social y empresarial.
En su intervención, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor indicó que los proyectos de inversión pueden traducirse en infraestructura útil, en desarrollo humano, en seguridad y acciones que realmente impacten positivamente la vida de la población guanajuatense.
Asimismo, externó que la propuesta busca blindar el recurso con el que se financiarían los proyectos que se deben invertir en el bienestar y desarrollo de la sociedad, por lo que votar a favor representa un destino seguro de los impuestos de la ciudadanía, que el dinero de la población se traduzca en resultados visibles.
Ramos Sotomayor concluyó diciendo que se buscan condiciones para que el bienestar de la ciudadanía no sea una promesa vacía, sino una realidad construida con técnica, diálogo y respeto hacia quienes sostienen el estado con su esfuerzo y trabajo de todos los días.
También, el diputado Juan Carlos Romero Hicks habló del por qué existen los parlamentos y señaló que hoy era ejemplo de la separación y colaboración de poderes, y del actor esencial de la democracia, los ciudadanos.
Remarcó que el dictamen ponía de relieve la necesidad de una reforma estructural de las finanzas públicas. Indicó que se tuvo un desencuentro, pero frente a él surgió esta propuesta, un destino de impuesto a la nómina para combatir la pobreza y la desigualdad; el otro, para el tema de seguridad.
Finalmente, apuntó que son recursos públicos y los que van a estar participando son de la sociedad y del gobierno.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.
Y aprueban Consejo Estratégico
Asimismo, el Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Guanajuato con las que se crea el Consejo Estratégico de Proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil con Fines de Desarrollo Social y Humano.
De igual manera se establece que es un órgano ciudadano de evaluación, asesoría y consulta, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de los proyectos sujetos de apoyo con los recursos del impuesto sobre nóminas por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
Se precisa su integración en la que estarán participando las personas titulares de las Secretarías del Nuevo Comienzo, de Finanzas, de Seguridad y Paz, y de la Honestidad; del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, de la persona presidenta de cada una de las sedes del Consejo Coordinador empresarial en los municipios de León, Guanajuato, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende; y tres personas representantes de Asociaciones Civiles del Estado, a propuesta de los Consejos Coordinadores Empresariales y designadas por la persona titular del Poder Ejecutivo.
También se establecen sus facultades, entre ellas el emitir opiniones o recomendaciones al modelo, programa y reglas de operación; proponer a la persona titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil, que puedan ser sujetos de apoyo en materia de desarrollo social; por mencionar algunas.
Además, se indica que el citado Consejo sesionará ordinariamente por lo menos tres veces al año y extraordinariamente cuando sea convocado por la persona que lo presida o por un tercio de sus integrantes.
Finalmente, en los transitorios se fija que el Consejo deberá instalarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación del Decreto; y que la primera presidencia será designada de común acuerdo por los Consejos Coordinadores Empresariales del Estado, así como su rotación.
Para hablar en contra del dictamen hicieron uso de la tribuna la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo y el diputado David Martínez Mendizábal.
Aguilar Castillo manifestó que el dictamen era una vergüenza porque el Consejo Estratégico era a modo para repartir los recursos del pueblo, lo anterior al subrayar su integración, ya que solo había tres personas de la sociedad civil que serían elegidas por los Consejos empresariales y por la persona titular del Poder Ejecutivo.
Subrayó que no escuchaba la voz de los empresarios que pagaban impuestos y de las asociaciones civiles que trabajaban por la población, que volvería a ser un medio para la corrupción, y recordó la serie de observaciones que tuvo el extinto FIDESSEG.
Finalmente, enfatizó que no iban a respaldar que de nueva cuenta se tuviera un modelo a modo que se presta a la corrupción.
Al hablar a favor del dictamen, la congresista Ana María Esquivel Arrona inició convocando a sus homólogos a votar a favor de la propuesta, al subrayar que Guanajuato necesita de todas y de todos, sin prejuicios ni exclusiones, sin barreras ni estigmas, sin distinciones que dividan aquello que los une: el compromiso con el bienestar común.
Argumentó que el desarrollo humano no se construye desde un solo sector, sino que el bienestar nace cuando el gobierno, la sociedad civil y el sector productivo se reconocen como aliados y ponen sus capacidades al servicio de un mismo objetivo: que la vida de las personas mejore de forma tangible.
Esquivel Arrona resaltó que la reforma es un paso importante hacia una nueva forma de gobernar, donde la ciudadanía se convierte en parte activa de las decisiones públicas, y que se reconoce que nadie por sí solo puede resolver los grandes desafíos sociales.
Remarcó que lo que se propone es la creación de un órgano donde las y los ciudadanos puedan debatir, deliberar y opinar sobre asuntos públicos, de manera estructurada, transparente y con incidencia real en decisiones que no solo son competencia del gobierno, sino que son un asunto del Estado.
Finalmente, el diputado David Martínez Mendizábal señaló que existen contradicciones con la visión de las organizaciones de la sociedad civil al no incluirse en su totalidad su visión y restar representatividad a los organismos de la sociedad civil en la toma de decisiones por darle mayor peso a los organismos empresariales.
Agregó que el punto central de la propuesta es que los organismos de la sociedad civil van a estar elegidos por los empresarios, donde se aclara la importancia del sector empresarial, pero que también se tome en cuenta la legitimidad de la sociedad civil con mayor transparencia y de forma más directa.
En rectificación de hechos, el congresista Juan Carlos Romero Hicks refirió que el concepto de sociedad civil es amplio, y señaló que las decisiones deben ser informadas y consultadas, que el impuesto sobre nóminas no tiene nada que ver con la federación, que no hay fórmula en el mundo que garantice la participación de toda la sociedad civil.
En alusiones personales, el diputado David Martínez Mendizábal coincidió en que concordaba con su antecesor en que se tenía que sumar, sin embargo, remarcó que no se escuchó a la sociedad y lo que realmente señalan, sino que se interpretó desde un punto ideológico muy cerrado, por lo que instó a dejar participar a la gente que tiene que ver con indígenas, pobres, discapacitados.
El dictamen fue aprobado en lo general por mayoría de votos.
Al ser sometido a votación en lo particular, la congresista Maribel Aguilar González enfatizó que no están en contra de apoyar a las personas sino de la operatividad, que es la que ha tenido errores. Manifestó que el diseño previsto no asegura el equilibrio, la pluralidad ni la autonomía técnica que debe regir a un órgano de carácter estratégico.
Enfatizó que la reserva no cuestiona el propósito del Consejo, sino su estructura y mecanismos de decisión, buscando restablecer los principios de equilibrio institucional y corresponsabilidad pública.
En ese sentido, planteó que se establezca que las tres personas representantes de Asociaciones Civiles del Estado, quienes serán electas por el Consejo de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil mediante convocatoria pública que valore años de trabajo en territorio, resultados comprobables, cobertura en comunidades y reglas estrictas contra conflictos de interés.
La legisladora habló en contra al resaltar que la calidad de empresario no quita la calidad de ciudadano, ni significa sustraerse del orden cívico, sino ejercer desde una posición concreta una función social que también forma parte de la vida pública.
Subrayó que el órgano que se crea no es una corporación ajena a la sociedad, sino una instancia ciudadana, integrada por ciudadanos; una instancia de concertación ciudadana donde confluyen organizaciones de la sociedad civil, sectores productivos y el gobierno. Remarcó que además se cuenta con cuatro subcomités donde están incluidos también representantes de la sociedad civil, por lo que la reserva no resultaba procedente.
La reserva no fue aprobada.
