Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, y permanece en el centro de procesamiento Krome North SPC por un asunto relacionado con su situación migratoria, informó el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (ICE).
Aunque la detención no está directamente vinculada a las acusaciones fiscales en México, su nombre aparece en expedientes por lavado de dinero y delincuencia organizada, lo que podría derivar en un proceso de extradición. Desde hace casi un mes, Álvarez Puga permanece privado de la libertad mientras se define su situación, según reportes de El Heraldo de México.
El empresario, fundador del despacho Álvarez Puga y Asociados junto a su hermano Alejandro, está bajo investigación por el presunto uso de empresas fantasma y operaciones destinadas al desvío de recursos públicos y evasión fiscal.
Este despacho, con presencia en 45 ciudades, habría facilitado el lavado de dinero y malversación de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong.
El caso se vincula con una presunta red de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió en 2021 órdenes de aprehensión contra Víctor y Alejandro Álvarez Puga y Gómez Mont. Se presume que empresas ficticias simularon licitaciones y falsificaron documentos para acceder a fondos reservados bajo el argumento de seguridad nacional.
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Inés Gómez Mont, reconocida presentadora de televisión y sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, ha estado vinculada a diversos personajes del medio artístico y político. Desde su matrimonio con Álvarez Puga en 2015, el matrimonio compartió relaciones con otros implicados, como el abogado Juan Collado, encarcelado desde 2019.
Según la prensa mexicana, ambos figuran desde 2018 en indagatorias del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por discrepancias fiscales. En 2018, Gómez Mont intentó regularizar su situación pagando cerca de 11 millones de pesos, aunque aún permanecían 2.6 millones pendientes, lo que impidió cerrar definitivamente el caso.
