El gobierno federal informó que 13 casinos en México fueron detectados en un complejo esquema de lavado de dinero, que incluía el uso de empresas fachada, robo de identidades y datos bancarios de ciudadanos comunes, principalmente jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa y jubilados, para simular operaciones de hasta 50 millones de pesos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que las irregularidades se detectaron en ocho estados, donde los casinos realizaban movimientos en efectivo y simulación fiscal, dispersando recursos entre filiales, declarando operaciones en ceros y enviando dinero al extranjero, hacia países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su origen.
También se identificaron casinos digitales y plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaban con agregadores de pago y servicios financieros en línea, enviando recursos a destinos como Malta y Emiratos Árabes Unidos.
La investigación fue realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con análisis financieros y fiscales para detectar patrones de riesgo, operaciones inusuales y estructuras económicas complejas. En la operación participaron también la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
Tras los hallazgos, se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República. Además, fueron suspendidos establecimientos físicos, bloqueadas páginas de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas. García Harfuch destacó que este lavado de dinero no necesariamente está relacionado con un cártel.
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La procuradora fiscal, Grisel Galeano, detalló que las casas de juego realizaron cientos o miles de operaciones aparentemente normales, que en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley. Muchas de las personas utilizadas desconocían la operación, pues se les robó su identidad o datos bancarios.
El dinero se transfería al extranjero, se blanqueaba en paraísos fiscales y regresaba a México como ingresos legales, mediante cheques o pagos por supuestos servicios como consultorías o donativos, simulando legalidad en las transacciones.
