Ante el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una iniciativa de reforma al Código Civil que busca eliminar la caducidad de las actas de nacimiento, ya que en diversos trámites gubernamentales y privados se exige que estos documentos tengan una antigüedad máxima de tres meses.
El diputado de Morena, Ernesto Millán Soberanes, explicó en tribuna que en el portal del Gobierno estatal existen al menos 18 trámites que solicitan copia certificada del acta de nacimiento con vigencia reciente.
“En algunos de ellos se pide que el documento tenga una vigencia máxima de tres meses; por ejemplo, en el trámite de acta de matrimonio, se exige que el acta de nacimiento haya sido expedida dentro de los tres meses anteriores a la celebración del acto”, detalló el legislador.
Millán Soberanes también señaló que empresas privadas exigen actas de nacimiento vigentes para solicitudes de empleo o trámites internos, lo que representa un gasto innecesario para la población.
El diputado advirtió que esta práctica afecta el derecho a la identidad, especialmente de los menores de edad y sectores vulnerables, quienes no siempre tienen recursos para pagar una nueva expedición del documento.
Aunque el Código Civil de Guanajuato no establece actualmente un límite de vigencia, la reforma busca dejar explícito que las actas no tienen caducidad.
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La iniciativa propone adicionar un tercer párrafo al artículo 62 del Código Civil, que establecería lo siguiente:
“Las copias certificadas de las actas de nacimiento no tendrán caducidad, por lo que se podrán utilizar en la realización de trámites ante cualquier ente público o privado, siempre que se encuentren legibles y no presenten tachaduras, enmendaduras o cualquier aspecto que altere su contenido”.
El legislador destacó que estados como Oaxaca, Sinaloa, Jalisco y Estado de México ya reconocen legalmente que las actas de nacimiento no pierden vigencia.
“Contar con un acta de nacimiento es un requisito indispensable para acceder a otros derechos y servicios como educación, salud, apoyos sociales y créditos. La falta de este documento puede generar exclusión, discriminación e invisibilidad social”, puntualizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso local para su análisis y eventual dictamen.
