La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó un punto de acuerdo para adicionar al Programa General de Fiscalización una auditoría específica a la Fiscalía General del Estado, con el fin de revisar el programa presupuestario E030 Efectividad del sector de procuración de justicia, particularmente en los procesos relacionados con la seguridad informática del ejercicio fiscal 2025.
En la exposición de motivos, la legisladora explicó que, tras el presunto ataque cibernético sufrido por el sistema de la Fiscalía General, atribuido al grupo Tekir APT, especializado en intrusiones informáticas a entidades gubernamentales y que habría sustraído alrededor de 250 gigabytes de información sensible, era indispensable conocer qué ocurrió y cómo se vulneró la institución.
Aguilar Castillo señaló que otras dependencias públicas estatales también han enfrentado ataques o intentos de intrusión similares, lo que evidencia una insuficiente protección digital y un problema estructural en diversas áreas gubernamentales.
La diputada destacó que la Fiscalía cuenta con el programa Fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal, con un presupuesto de 151 millones de pesos, destinado entre otros fines a la adquisición de 3,257 licencias informáticas. Sin embargo, con 95% del presupuesto ejercido al tercer trimestre, no se había adquirido ninguna licencia, de acuerdo con el reporte con corte al 30 de septiembre.
También mencionó el proyecto Fortalecimiento al Sistema Nacional de Información, con una inversión de 7 millones de pesos para equipamiento e infraestructura tecnológica. No obstante, la cuenta pública revela que de las 151 licencias previstas, al 30 de septiembre no se había adquirido ninguna y ninguno de los 40 equipos informáticos proyectados se encontraba en operación.
También lee: Filtran más de 10 GB de datos tras supuesto ciberataque a la Fiscalía de Guanajuato
Finalmente, indicó que el proyecto Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, con 9 millones de pesos asignados, incluye la actualización de licencias informáticas para el funcionamiento adecuado de los equipos en las Fiscalías Especializadas y Agencias del Ministerio Público, pero solo una de las tres licencias programadas estaba operando.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis y dictaminación.
