La Fiscalía de Guanajuato realizó una serie de cateos en cinco municipios del estado como parte de una investigación que busca frenar el incremento de extorsiones en zonas urbanas y rurales. Las intervenciones se dieron tras una ola de denuncias presentadas por comerciantes, transportistas y vecinos que señalaron amenazas constantes para el cobro de piso.
En los operativos se logró la detención de más de una decena de personas presuntamente vinculadas con estas redes criminales, quienes operaban exigiendo cuotas periódicas a negocios establecidos y giros pequeños. Según las investigaciones, varios de los detenidos ya habían sido señalados en carpetas previas por intimidación y agresiones físicas contra quienes se negaban a pagar.
De acuerdo con la investigación, los cateos se efectuaron de manera simultánea en Salamanca, Celaya, Irapuato, León y Silao, donde las autoridades aseguraron domicilios que presuntamente servían como centros de operación para el cobro, resguardo de dinero y almacenamiento de información de víctimas.
Las denuncias por extorsión se habían incrementado de forma visible, especialmente en zonas comerciales donde presuntos grupos delictivos ejercían presión mediante mensajes, llamadas o visitas directas. Según comerciantes consultados, varias víctimas habían preferido cerrar temporalmente antes que seguir pagando cuotas imposibles de sostener.
Aunque la Fiscalía reportó el aseguramiento de equipos, documentos, celulares y vehículos utilizados para la operación del delito, organizaciones ciudadanas insistieron en que el impacto real dependerá de que los detenidos enfrenten procesos sólidos y no recuperen su libertad por fallas en la integración de las carpetas.
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Para especialistas en seguridad, el golpe representa un avance, pero también evidencia que las redes de extorsión operaban desde hace tiempo sin la respuesta oportuna que demandaban afectados, lo que permitió su expansión en comercios pequeños, mercados, talleres y servicios urbanos.
