
El Poder Judicial de Guanajuato anunció una revisión profunda de sus protocolos de seguridad después del crimen contra la mediadora María Antonieta Luna en San José Iturbide.
Héctor Tinajero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, afirmó que la institución analizará cada procedimiento de actuación para reforzar la protección del personal operativo.
Tinajero explicó que el Poder Judicial reúne más de cuatrocientos actores que se desplazan diariamente por todos los municipios y requieren medidas sólidas para garantizar condiciones seguras.

El presidente detalló que los mediadores, jueces itinerantes y actuarios conforman un equipo con movilidad constante, por lo que cada traslado necesita orden, supervisión y comunicación clara entre sedes.
El funcionario señaló que los actuarios informan a sus superiores cada movimiento entre municipios, debido a que la labor diaria exige traslados frecuentes y contacto continuo con diversas comunidades.
Tinajero recordó que cada actuario recibió un teléfono celular con un botón de pánico que conecta de inmediato con el centro policial más cercano para solicitar auxilio.
La herramienta permite ubicar al funcionario mediante geolocalización y facilita una respuesta rápida cuando surge una amenaza, un incidente o un riesgo detectado durante actividades oficiales.
El presidente mencionó que la institución no logra seguir cada ruta individual, pero sí mantiene control total sobre cualquier emergencia reportada por personal judicial en campo.
Tinajero destacó que los subdirectores de las diez sedes conocen los movimientos diarios, porque cada área coordina traslados de mediadores y actuarios con base en necesidades operativas.
El Poder Judicial reconoce gran actividad en todas las regiones del estado, por lo que busca coordinación eficaz con autoridades locales para mantener condiciones adecuadas de trabajo.
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Tinajero comentó que policías preventivas de León, Celaya, Irapuato y Salamanca brindan apoyo frecuente, principalmente cuando los actuarios requieren fuerza pública durante embargos judiciales.
El presidente aseguró que esas diligencias representan momentos delicados, porque requieren precisión y acompañamiento institucional, por lo que la colaboración municipal fortalece la seguridad del personal involucrado.
Tinajero enfatizó que la tragedia obliga a revisar todo el esquema de protección, porque la prioridad consiste en cuidar a mediadores, jueces itinerantes y actuarios en cada comisión.




