La familia de María Antonieta Luna Bautista exige claridad sobre su asesinato y denuncia omisiones laborales y médicas que influyen de forma directa en el caso.
Luna Bautista trabajaba como mediadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y desempeñaba labores en la sede del Poder Judicial ubicada en San Miguel de Allende.
El 20 de noviembre la abogada regresó de una comisión en San Luis de la Paz cuando sujetos armados interceptaron su vehículo y dispararon contra ella sin advertencia previa.
Los familiares explican que la trasladaron en una patrulla de la Guardia Nacional porque ninguna ambulancia llegó al punto del ataque de manera inmediata.
La hermana explicó que el hospital receptor no ofreció recursos suficientes ni servicios críticos, lo que redujo las posibilidades de una intervención médica apropiada para salvarla.
La familia aseguró que María Antonieta cubrió guardias externas durante semanas porque la jefatura argumentó que ella no tenía hijos ni obligaciones familiares significativas.
También mencionaron que la dirección le asignó un vehículo con fallas mecánicas y sin condiciones mínimas para trasladarse con seguridad a zonas conflictivas.
Los allegados solicitaron que las autoridades revisen los protocolos de operación del personal, pues consideran que la institución ignoró riesgos evidentes dentro de sus rutas laborales.
Organizaciones de justicia y compañeros de trabajo acompañan las exigencias y piden acciones firmes que garanticen seguridad para quienes desempeñan funciones en regiones peligrosas.
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La familia reiteró que el crimen necesita avances inmediatos porque considera indispensable exponer las fallas internas que contribuyen a vulnerar al personal en comisiones.
Las autoridades locales confirmaron que mantienen abierta la investigación y anunciaron reuniones con la familia para presentar información que fortalezca el seguimiento de este caso.
Los deudos solicitaron medidas integrales que atiendan seguridad, transporte y atención médica, pues desean cambios que protejan vidas dentro del Poder Judicial estatal.
