Las autoridades estatales y federales en Nueva Orleans mantienen una vigilancia constante en redes sociales como parte del operativo migratorio “Catahoula Crunch”, monitoreando críticas, protestas y cualquier posible amenaza hacia los agentes, aun cuando la información oficial sobre los primeros arrestos sigue siendo limitada.
La falta de transparencia ha generado exigencias de autoridades municipales que aseguran haber sido excluidas de los detalles de la operación.
La recopilación de inteligencia digital ocurre mientras informes internos reconocen que solo una minoría de los detenidos tiene antecedentes penales, pese a que las autoridades migratorias han insistido en que las redadas se enfocan exclusivamente en “extranjeros ilegales criminales”.
Líderes locales advierten que estos datos contradicen el objetivo declarado y cuestionan que la vigilancia en línea pueda vulnerar la libertad de expresión.
El senador estatal Royce Duplessis afirmó que todo apunta a que la operación busca generar miedo más que proteger a la comunidad, acusando a las autoridades de promover estereotipos negativos contra los inmigrantes. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se ha limitado a reiterar que la operación ha dejado “docenas de arrestos”, sin ofrecer cifras detalladas ni perfiles de los detenidos.
Los reportes internos también revelan una estrecha cooperación entre agencias estatales y federales, incluido el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que mantienen personal en el Centro de Intercambio de Análisis y Fusión del Estado de Luisiana.
Desde ahí se monitorean publicaciones en plataformas como Reddit, donde residentes comparten ubicaciones, videos y advertencias sobre los operativos.
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A través de estos informes, las autoridades han registrado acusaciones de perfilamiento racial, críticas por no apegarse al supuesto objetivo de detener a personas con antecedentes y reacciones emocionales ante videos que muestran a niños llorando durante los arrestos.
Aunque no se han detectado amenazas directas contra los agentes, el estado ha advertido que actuará legalmente contra cualquier persona que interfiera con la aplicación de la ley migratoria.
Organizaciones civiles y activistas aseguran que no están incurriendo en actividades ilegales, pese al monitoreo constante de sus publicaciones y capacitaciones para grabar operativos o apoyar a familias afectadas. Para ellos, la vigilancia evidencia que las autoridades buscan intimidar a grupos comunitarios que documentan las redadas y denuncian abusos.
