
Manifestantes originarios de Acámbaro acudieron al Congreso del Estado para rechazar la deuda pública vinculada al acueducto Solís–León, una obra que consideran injusta.
Los inconformes recordaron que comunidades como Tarandacuao y Queréndaro entregaron terrenos para la presa Solís sin recibir finiquito del gobierno federal tras décadas.
Afirmaron que han pasado setenta y seis años desde el cierre de compuertas y las familias afectadas mantienen la esperanza de recibir el pago pendiente.

Señalaron que el gobierno federal y estatal ahora pretenden extraer agua sin resolver adeudos históricos por el vaso de la presa.
Indicaron que el acueducto proyecta un ducto de tres metros de diámetro, noventa y cuatro metros de altura y traslado anual de ciento veinte millones de metros cúbicos.
Advirtieron que esa extracción provocará una catástrofe regional por la afectación directa al campo, al abasto local y al equilibrio hídrico.

Los manifestantes cuestionaron la intención del Ejecutivo de aprobar una deuda destinada a una obra pública que prioriza otros municipios.
Detallaron que el proyecto Solís–León contempla quince mil millones de pesos, con aportaciones iguales del Estado y la Federación.
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El grupo llegó al Congreso con pancartas de rechazo al acueducto y solicitó diálogo directo con las y los diputados locales.
Denunciaron que los legisladores aceptaron atenderlos hasta que abordaron el tema de la deuda, una postura que calificaron como mañosamente condicionada.




