Estados Unidos va contra el Cártel de Santa Rosa de Lima por huachicol y contrabando de petróleo

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El gobierno de Estados Unidos colocó al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) en la mira al señalarlo como una organización criminal que impacta directamente a empresas energéticas estadounidenses, mediante la operación de un mercado negro transfronterizo de combustible y petróleo robado.

La acusación fue dada a conocer este miércoles 17 de diciembre por el Departamento del Tesoro, a través de un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en el que también se advierte que José Antonio Yépez, “El Marro”, continúa ejerciendo control sobre el grupo criminal desde prisión.

Según el informe, la administración del presidente Donald Trump ordenó la aplicación de sanciones económicas contra el CSRL, una organización con presencia histórica en Guanajuato, cuyo principal negocio ha sido el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el combustible robado es introducido de manera clandestina a Estados Unidos, donde es vendido con apoyo de intermediarios e importadores cómplices, lo que afecta a compañías legítimas del sector de petróleo y gas natural.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el presidente Trump instruyó a su gobierno a atacar las fuentes de financiamiento de los cárteles, sin importar el país en el que operen ni los métodos que utilicen para lavar dinero.

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Bessent aseguró que el Departamento del Tesoro ha intensificado sus acciones para expulsar a las organizaciones criminales del sistema financiero estadounidense, advirtiendo que los cárteles serán perseguidos sin importar dónde generen sus recursos.

Las sanciones contemplan el bloqueo de bienes, cuentas bancarias e intereses financieros del cártel y de sus principales operadores dentro del sistema financiero de Estados Unidos, con el objetivo de limitar su capacidad económica.

Finalmente, el gobierno estadounidense advirtió que estas actividades ilícitas no solo generan pérdidas millonarias para México, sino que también distorsionan los mercados energéticos en Estados Unidos y fortalecen a grupos criminales vinculados con altos niveles de violencia, particularmente en Guanajuato.

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