Pueblos originarios e indígenas de México anunciaron la presentación de amparos federales en 12 estados del país como parte de una estrategia jurídica para defender el agua como un derecho sagrado, al considerar que las recientes reformas en materia hídrica atentan contra su autonomía, territorio y forma de vida ancestral.
A través del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanos, las comunidades informaron que la decisión fue tomada el 29 de diciembre de 2025 en asambleas comunitarias regidas por usos y costumbres, ejerciendo su derecho constitucional a la libre determinación y a la defensa de sus recursos naturales.
Los pueblos señalaron que para ellos el agua no es una mercancía ni un recurso administrativo, sino un elemento sagrado ligado a la vida, la memoria y el territorio, por lo que cualquier intento de control gubernamental sin consulta representa una violación a sus derechos colectivos y a los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
Las comunidades indígenas advirtieron que no permitirán decisiones legislativas impuestas que busquen regular el acceso, uso o aprovechamiento del agua sin su consentimiento previo, al considerar que estas acciones ponen en riesgo no solo su presente, sino también el futuro de las nuevas generaciones y la preservación de los ecosistemas.
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Asimismo, exigieron respeto irrestricto a sus ríos, pozos, manantiales, norias, arroyos y cuerpos de agua subterráneos y superficiales, reiterando su papel como guardianes históricos del territorio, y subrayaron que el despojo hídrico está directamente relacionado con la corrupción, el deterioro ambiental y la pérdida de comunidades.
Finalmente, los pueblos originarios declararon la nulidad de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley General de Aguas, al sostener que ningún gobierno puede apropiarse ni mercantilizar un bien común, y afirmaron que la defensa del agua es una causa colectiva y no negociable, fundamental para la vida de toda la nación.
