La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió desde inicios de enero una investigación penal tras una denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias, a quien dos mujeres acusan de trata de seres humanos, agresiones sexuales, acoso, lesiones y vulneraciones laborales ocurridas en 2021.
La denuncia, registrada el 5 de enero, dio origen a diligencias preprocesales que se mantienen bajo secreto, mientras el Ministerio Público analiza si la Audiencia Nacional es competente, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas, aunque el artista cuenta con nacionalidad española.
De acuerdo con fuentes fiscales, la legislación española permite investigar este tipo de delitos cuando se cumplen ciertos requisitos, entre ellos que los hechos sean punibles en los países donde sucedieron y exista una denuncia formal, condiciones que concurren en este caso.
Las denunciantes, identificadas con los nombres ficticios de Laura y Rebeca, decidieron acudir a la justicia española después de la publicación de una investigación periodística realizada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias, en la que relataron presuntos abusos sufridos mientras trabajaban para el cantante.
Según sus testimonios, ambas mujeres laboraron como empleada del hogar y fisioterapeuta personal, respectivamente, y describieron haber vivido entre enero y octubre de 2021 bajo un entorno de control, aislamiento, intimidación y dependencia económica.
Las denunciantes aseguran que fueron presionadas de manera reiterada para mantener encuentros sexuales, describiendo tocamientos, penetraciones no consentidas, insultos, bofetadas y humillaciones, en ocasiones con la presencia de personas del entorno del cantante, lo que incrementaba la coacción.
El escrito presentado ante la Fiscalía sostiene que los hechos podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual, agravado por la actuación de un grupo organizado y el riesgo para la integridad de las víctimas.
En la denuncia, Julio Iglesias es señalado como autor principal, aunque también se incluye a dos encargadas de sus residencias, a quienes se atribuye una participación activa en la captación y control de las trabajadoras, configurando una actuación conjunta.
Las abogadas de las denunciantes destacan la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres y el contexto de sus países de origen, factores que habrían facilitado una relación de poder y dependencia frente al denunciado.
Además del delito de trata, se atribuyen al cantante delitos contra la libertad e indemnidad sexual, conforme al Código Penal vigente en 2021, donde la violencia podía manifestarse a través de una intimidación ambiental que anulaba la capacidad de resistencia de la víctima.
En uno de los casos, se describen agresiones sexuales múltiples, algunas con penetración, en un entorno reforzado por la presencia de superiores jerárquicos, mientras que en el otro se señala una agresión cometida aprovechando la posición de superioridad del denunciado.
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La denuncia también incluye acoso sexual sistemático, presuntas lesiones físicas, así como irregularidades laborales, entre ellas la ausencia de contrato, falta de descansos, condiciones indignas y, en uno de los casos, contratación sin permiso de trabajo.
Las mujeres cuentan con el respaldo de la organización Women’s Link Worldwide, que solicitó a la Fiscalía medidas urgentes de protección, incluyendo la preservación de su identidad y la prohibición de cualquier contacto con los señalados.
Hasta el momento, Julio Iglesias no ha respondido a las solicitudes de contacto realizadas por el medio que difundió la investigación; una de las responsables de las residencias tampoco emitió postura, mientras que otra declaró no tener “nada que decir” sobre las acusaciones.
