La violencia y la desaparición de personas han convertido al sur de Guanajuato en un corredor de alto riesgo que cruza municipios como Yuriria, Valle de Santiago y Moroleón, donde la ausencia de seres queridos se ha vuelto una constante que desintegra a familias enteras.
Según Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, el incremento de personas desaparecidas se aceleró desde 2017, primero en el corredor industrial y después en comunidades más pequeñas que hoy enfrentan un escenario de inseguridad persistente, sobre todo en zonas colindantes con Jalisco.
El activista advierte que en municipios del Rincón y del sur del estado las desapariciones avanzan de manera silenciosa, mientras la gravedad del problema ha sido subestimada durante años, permitiendo que la crisis se profundice sin una respuesta efectiva.
Uno de los casos que refleja esta realidad ocurrió el 24 de enero de 2025, cuando Gabriela Muñiz, de 29 años, y sus cuñadas Adriana y Victoria Zaragoza Reséndiz, de 34 y 35 años, salieron de la comunidad de La Angostura y desaparecieron sin dejar rastro.
De acuerdo con Mariana Muñiz, familiar de las víctimas, las mujeres realizaban un encargo relacionado con la organización de un festejo infantil, pero nunca volvieron a casa. Desde entonces, seis menores quedaron sin el cuidado de sus madres, una consecuencia que ilustra el impacto social de estas desapariciones.
Semanas más tarde, autoridades localizaron el cuerpo de Adriana Zaragoza, quien presentaba huellas de violencia extrema, mientras que Gabriela y Victoria continúan desaparecidas, sin información oficial que permita conocer su situación actual.
Otro caso ocurrió en Valle de Santiago, donde el 6 de mayo de 2025 desapareció Manuel Raya Vidal, de 28 años, cuando se desplazaba en motocicleta por el tramo Yuriria–Moroleón, ruta identificada por familiares como un punto de riesgo recurrente.
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La madre del joven, Silvia Vidal, se integró posteriormente a un colectivo de madres buscadoras, desde donde denuncia la falta de avances en las investigaciones y la ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades responsables.
Familias afectadas coinciden en que el silencio institucional y la falta de acompañamiento agravan el dolor, mientras el corredor de desapariciones continúa extendiéndose y mantiene a comunidades completas bajo un clima de temor e incertidumbre.
Colectivos ciudadanos y organizaciones civiles insisten en la necesidad de una estrategia integral que priorice la prevención, fortalezca la investigación y garantice atención real a las víctimas, ante una crisis que sigue creciendo en el sur de Guanajuato.
