El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Guanajuato presentó una iniciativa de reforma constitucional y legal para fortalecer el combate a la extorsión, propuesta impulsada por su coordinador, el diputado Ricardo Ferro Baeza, con el objetivo de armonizar la legislación estatal con el marco federal recientemente aprobado.
La propuesta contempla que la extorsión sea considerada un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, además de aumentar las penas de cárcel en el Código Penal del Estado, pasando de sanciones actuales de 4 a 15 años a un rango de 15 a 25 años de prisión, así como reforzar la coordinación con el gobierno federal a través de la Ley del Sistema de Seguridad Pública.
Durante 2025, en Guanajuato se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por extorsión, mientras que en un periodo de cinco años, de 2020 a 2025, los reportes por este delito crecieron 6,973 por ciento, lo que ha colocado al estado de manera constante entre los diez con más víctimas a nivel nacional.
De acuerdo con estimaciones de la ENVIPE, la cifra negra en extorsión supera el 90 por ciento, debido principalmente al miedo a represalias, la desconfianza en las instituciones y la normalización del delito, el cual se presenta comúnmente bajo esquemas de cobro de cuotas, amenazas telefónicas e intimidación directa.
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Morena advirtió que el marco normativo vigente en Guanajuato no reconoce de forma expresa varias de estas modalidades, lo que dificulta la integración de carpetas de investigación y ha permitido que el fenómeno delictivo avance más rápido que la ley, generando espacios de impunidad aprovechados por la delincuencia.
La iniciativa local busca alinearse con la Ley General contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada a nivel federal, que establece la persecución de oficio del delito, una tipificación homogénea y mecanismos de coordinación interinstitucional, con el fin de fortalecer la prevención, investigación y sanción de este ilícito en todo el país.
