
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado realizó una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Guanajuato, la cual propone reincorporar el principio de no reelección y prohibir que candidaturas a diputaciones mantengan vínculos de nepotismo electoral con servidores públicos en funciones.
Durante la discusión, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo señaló que la prioridad no debe centrarse en la reelección de legisladores, sino en garantizar el derecho del pueblo a una democracia auténtica. Sostuvo que la iniciativa fortalece el diseño democrático local, abre oportunidades para nuevos liderazgos, protege la integridad institucional y establece reglas más claras para evitar que el poder público responda a intereses familiares o de privilegio.

Por su parte, la legisladora Susana Bermúdez Cano destacó que, al sumarse esta iniciativa a otras propuestas, se pueden generar cambios relevantes, siempre y cuando exista armonización con la Constitución federal. Subrayó la importancia de que las modificaciones sean técnicamente viables y no vulneren los derechos político-electorales de la ciudadanía.
En contraste, la diputada Rocío Cervantes Barba advirtió que la democracia no se fortalece mediante prohibiciones, sino con la participación ciudadana. Consideró que eliminar la reelección podría limitar la pluralidad y quitarle al pueblo la posibilidad de respaldar proyectos que han dado resultados, además de restringir derechos políticos.
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Durante los comentarios técnicos, se señaló la necesidad de armonizar la Constitución local con los recientes ajustes al orden constitucional federal, así como revisar diversos artículos para incorporar lenguaje incluyente. También se advirtió que algunas disposiciones podrían inhabilitar a personas servidoras públicas de manera indebida, lo que abriría la puerta a controversias constitucionales o juicios en materia electoral.
Finalmente, el diputado Juan Carlos Romero Hicks explicó que el análisis parte de una reforma federal con un plazo de 180 días para su implementación, el cual ha sido modificado. Añadió que el Congreso local se mantiene atento a una posible nueva reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo federal relacionada con la no reelección y el nepotismo, a fin de garantizar congruencia normativa.




