El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional para establecer un límite a las pensiones que reciben exfuncionarios de empresas paraestatales, banca de desarrollo y otros organismos públicos.
Con 116 votos a favor, legisladores de todas las fuerzas políticas avalaron cambios al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los que se establece que las pensiones y jubilaciones de estos exservidores públicos no podrán superar el 50 por ciento del salario de la persona titular del Ejecutivo federal.
De acuerdo con el dictamen, la medida busca poner fin a las llamadas “pensiones doradas”, que en algunos casos alcanzan montos superiores al millón de pesos mensuales pagados con recursos públicos.
Durante el debate, legisladores señalaron como ejemplo el caso de un exsubdirector de Luz y Fuerza del Centro que recibe más de un millón de pesos al mes, cifra que, una vez que la reforma entre en vigor, quedaría reducida a cerca de 70 mil pesos mensuales.
Aunque bancadas de oposición como Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Partido Revolucionario Institucional respaldaron la reforma, algunos legisladores señalaron que el cambio constitucional quedó incompleto al no incluir las pensiones de altos mandos de las Fuerzas Armadas ni las de ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su parte, los presidentes de las comisiones dictaminadoras, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza Cázarez, señalaron que la reforma busca ordenar el sistema de jubilaciones del sector paraestatal y reducir el impacto financiero que generan las pensiones elevadas.
Durante la discusión, el senador de Movimiento Regeneración Nacional, Saúl Monreal, señaló que mientras el promedio de pensión en México se ubica entre 6 mil y 8 mil pesos mensuales, existen casos en el sector público donde las jubilaciones superan los 300 mil o incluso el millón de pesos al mes.
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El legislador también mencionó que empresas como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad destinan miles de millones de pesos al pago de pensiones del personal de confianza.
Según datos presentados en el debate, en Pemex existen más de 22 mil jubilados del régimen de confianza, cuyo costo anual supera los 24 mil millones de pesos, mientras que en la CFE hay más de 54 mil jubilados, con un gasto anual cercano a 41 mil millones de pesos.
Tras su aprobación en el Senado, la reforma fue turnada a la Cámara de Diputados de México para su análisis y eventual discusión.
