En un paso que busca endurecer la respuesta institucional frente a delitos sexuales, el Congreso de Guanajuato aprobó la creación de un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, el cual será administrado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y concentrará información de personas con sentencia firme por este tipo de delitos.
La medida fue avalada en la Comisión de Justicia como parte de una reforma al Código Penal estatal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía, estableciendo que será obligatorio inscribir a los agresores sexuales en una plataforma oficial, previa orden judicial, lo que permitirá su consulta pública.
Durante la sesión también se discutieron modificaciones legales para reforzar la seguridad de la población, incluyendo ajustes en delitos como la extorsión y la cobranza extrajudicial ilícita. Sin embargo, se determinó acotar los cambios debido a la reciente legislación federal que concentra en el Congreso de la Unión la facultad de regular la extorsión.
En ese sentido, los diputados optaron por avanzar únicamente en el endurecimiento de sanciones contra la cobranza ilegal, incorporando agravantes cuando participen servidores públicos.
Además, se dio seguimiento a iniciativas orientadas a castigar los crímenes de odio contra la diversidad sexual y de género, así como a la creación de una fiscalía especializada en delitos informáticos, temas que serán analizados en mesas de trabajo programadas para abril.
En paralelo, el Congreso recibió diversas propuestas de reforma en materia penal, entre ellas medidas para fortalecer la protección a víctimas de acecho, sancionar con mayor severidad delitos sexuales y de corrupción contra menores, así como tipificar conductas relacionadas con financiamiento al terrorismo.
Las iniciativas serán sometidas a consulta con instituciones, organismos autónomos y sociedad civil, en un proceso que busca ampliar la participación antes de su eventual aprobación.
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Finalmente, legisladores también abordaron señalamientos sobre presuntos casos de corrupción en obras públicas en Salamanca, así como la necesidad de que la Fiscalía atienda recomendaciones en materia de derechos humanos, aunque algunas solicitudes de información generaron debate sobre los límites legales del Congreso.
Con estas acciones, el Poder Legislativo estatal busca reforzar el marco legal en materia de seguridad y justicia, enviando un mensaje de mayor control y visibilidad sobre delitos de alto impacto.
