El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, mientras que otras 13 fueron dadas de baja del registro correspondiente, de acuerdo con un documento oficial difundido por la dependencia.
La medida se da en el contexto de ajustes regulatorios y fiscales, así como en medio de un debate sobre el papel de las organizaciones civiles en la vida pública del país.
El SAT argumentó que la mayoría de las organizaciones afectadas no cumplen con los requisitos legales vigentes para mantener su estatus como donatarias autorizadas.
De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, aquellas asociaciones que no recuperen la autorización en un plazo de 12 meses deberán destinar su patrimonio a otra donataria autorizada, lo que podría afectar su operación e incluso su permanencia.
Entre las organizaciones incluidas en el listado destacan Mexicanos Primero, el Instituto Mexicano para la Competitividad y México Evalúa quien a través de sus redes sociales brindó un comunicado mencionando que se encuentran en espera de la resolución por parte de la autoridad fiscal dentro de los plazos legales.
Estas agrupaciones se han caracterizado por desarrollar investigaciones en temas como educación, justicia, seguridad, economía y combate a la corrupción.
Uno de los factores que influyó en la revocación fue la falta de acreditación vigente en materia de investigación científica y tecnológica, derivada de cambios en la legislación.
La reforma en materia de ciencia publicada en 2023 y la actualización normativa de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación han generado vacíos legales, al no establecer mecanismos claros para que las organizaciones puedan renovar su acreditación.
El activista Michael Chamberlin advirtió que estas medidas podrían debilitar la participación ciudadana.
“Si este gobierno se dice de acuerdo con la democracia participativa, debe incentivar esta forma de participación y no inhibirla”, señaló.
Además, consideró que las restricciones fiscales y administrativas afectan tanto a las organizaciones como a los donantes, limitando el financiamiento de actividades sociales y de análisis público.
La decisión del SAT reabre el debate sobre el papel de las organizaciones civiles en México, particularmente en un contexto donde han sido clave en la evaluación de políticas públicas y la rendición de cuentas.
Especialistas advierten que la reducción de incentivos fiscales podría impactar el funcionamiento de estas organizaciones y su capacidad de incidir en temas de interés público.
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