La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear una Ley General que permita prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, la cual contempla penas de hasta 70 años de prisión y un total de 21 agravantes.
La propuesta será enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien subrayó que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse desde el inicio como feminicidio, con el objetivo de evitar la impunidad y garantizar justicia.
Durante su conferencia, la mandataria aseguró que existe consenso sobre la necesidad de esta reforma, al considerar que busca fortalecer la protección de las mujeres y establecer mecanismos más eficaces para castigar a los responsables de este delito.
La iniciativa plantea modificar la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a emitir una ley general en la materia, con la que se busca unificar criterios en todo el país y mejorar la coordinación entre autoridades de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.
Entre los puntos clave, se establece que el feminicidio no solo debe entenderse como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos, lo que obliga al Estado mexicano a responder con acciones más firmes y estructurales.
El proyecto contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión, además de sanciones en caso de tentativa y multas económicas. También incluye 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, tenga discapacidad, pertenezca a un pueblo originario o que el crimen ocurra frente a sus hijos.
Asimismo, se busca homologar los protocolos de investigación en todo el país, para que todas las autoridades actúen bajo una misma línea y con perspectiva de género desde el primer momento, garantizando una investigación adecuada.
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La iniciativa también establece que este delito se investigará de oficio, que no prescribirá y que los responsables perderán derechos como herencias, así como la patria potestad, tutela o custodia sobre hijas e hijos.
Además, se propone que las fiscalías cuenten con unidades especializadas, personal capacitado y protocolos claros para dar seguimiento continuo a los casos, evitando interrupciones en las investigaciones.
Finalmente, se contempla el derecho de las víctimas a una reparación integral del daño y el desarrollo de políticas públicas que ayuden a prevenir la violencia feminicida en el país, como parte de una estrategia nacional para reducir este delito.
