A cinco años del asesinato del buscador Javier Barajas Piña, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, encabezado por el magistrado Luis Alberto Valdez López, emitió una sentencia condenatoria por homicidio calificado, considerada un precedente clave en casos de ataques contra personas buscadoras y un mensaje contra la impunidad.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Pro Juárez (Centro Prodh) calificó la resolución como un avance significativo para la familia Barajas Piña, el colectivo Ángeles de Pie Por Ti y para el acceso a la justicia en casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas, particularmente en Guanajuato, entidad con el mayor número de estos casos en el país.
El organismo recordó que desde 2010 se tiene registro de al menos 34 personas buscadoras asesinadas en México, lo que refleja la gravedad del contexto que enfrentan quienes buscan a sus familiares desaparecidos.
Javier Barajas inició labores de búsqueda tras la desaparición de su hermana Guadalupe en 2019, cuyos restos fueron localizados en una fosa en Salvatierra e identificados hasta marzo de 2021. Meses después, en mayo del mismo año, el buscador fue asesinado.
El fallo se produce tras casi cinco años de procesos impulsados por sus padres, Javier Barajas y María Tránsito Piña, quienes incluso tuvieron que desplazarse fuera del estado debido a los riesgos que enfrentaron durante la búsqueda de justicia.
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La sentencia se sustentó en diversas pruebas, entre ellas testimonios de testigos presenciales, uno de los cuales desapareció durante el proceso penal, así como en evidencia científica como la geolocalización de dispositivos móviles de los responsables.
Además, los sentenciados fueron detenidos en posesión del arma utilizada en el homicidio, lo que fortaleció la integración del caso.
No obstante, el proceso judicial aún no concluye, ya que está pendiente la audiencia de individualización de sanciones debido a que uno de los responsables promovió un amparo directo.
Ante ello, el Centro Prodh hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación para resolver el recurso con prontitud y bajo los más altos estándares de protección a personas defensoras de derechos humanos.
